El escándalo en Villa María, Córdoba, es mayúsculo por el caso del bombero que confesó haber abusado de aspirantes y luego alcanzó un juicio abreviado sin participación de la querella tras haber cambiado de abogado: lo tomó un ex funcionario judicial de la fiscalía que instruyó la causa y que renunció a su cargo con el expediente ya avanzado para asumir la defensa. Como corolario, al imputado le acaban de dar la prisión domiciliaria porque sufre de “depresión”.
Se llama Rodrigo Santi (31), apodado Loli, y revestía la jerarquía de jefe de aspirantes de bomberos de la localidad de La Playosa y de la regional; era capacitador de aspirantes de la provincia y ocupaba un cargo en la formación de cadetes a nivel nacional, según pudo saber Infobae de fuentes de la causa. Hoy duerme en el departamento de su papá en Villa María.
Todo comenzó a fines de 2024 en la localidad de La Playosa, cuando se presentó la denuncia por el abuso a un aspirante a bombero que tenía 15 años al momento de los hechos. Una madrugada de marzo de ese año, el adolescente se encontró en la calle a Santi, su instructor, y el hombre lo invita a pasar a su casa. Tomaron algunas bebidas alcohólicas y, de repente, el adulto le empezó a acariciar la pierna.
“Le pregunta si eso lo calienta, si eso le gusta y, concretamente, por una masturbación. El adolescente le saca la mano y sale corriendo de la casa. La madre se enteró en noviembre de lo sucedido”, le explicó a este medio José Tomas Corigliano, abogado de la víctima, cómo fue la génesis del caso.
Incluso, la mujer encontró en el WhatsApp de su hijo conversaciones con Santi, donde el instructor le decía: “Disculpame, perdoname, no sé cómo te voy a mirar a la cara, se me fue la mano. Viste que yo tomo un poquito y ya me pongo así”.
Ante esto, y tras una primera reunión de emergencia en Bomberos pedida por mamás de los aspirantes, donde se aportaron capturas de pantalla en donde la mayoría de los chicos habían recibido directa o indirectamente invitaciones a tener relaciones y comentarios de índole sexual que no corresponden a menores de edad; la mujer solicitó una cita con la Comisión Directiva, pero… No tuvo suerte.
“El hermano del abusador está imputado en la causa y era el jefe del cuerpo de Bomberos; la mamá del abusador era secretaria de actas de la Comisión Directiva de Bomberos, por lo tanto, las notas que presentó mi clienta haciendo referencia al abuso y pidiendo que urgentemente se lo aparte del cargo al abusador, nunca ingresaron a las actas oficiales”, amplió el abogado de la víctima.
La denuncia penal recayó en la fiscalía de Juliana Companys y de inmediato se detuvo a Santi, imputado por “abuso sexual simple en tres hechos, tenencia de pornografía infantil, abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con corrupción de menores”. Quedó alojado en el Establecimiento Penitenciario N°5 de Villa María.
Cambio de defensa
Pero, por octubre de 2025, y cuando el requerimiento de elevación a juicio estaba casi listo, en una causa con una pena en expectativa alta; la defensa revocó el patrocinio del abogado y designó como letrado a un ex funcionario judicial de la Fiscalía de Companys, que instruía la causa. Desde ese momento, mediados de noviembre pasado, la querella jura que ya no pudo ver el expediente. Así, presentó una denuncia ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Villa María contra el defensor de Santi.
“No puede estar de los dos lados del mostrador. Trabajó con la prueba, con testimoniales, estuvo ahí, manejó el expediente, tenía conocimientos, conocía los puntos débiles y los fuertes. Y luego, renunció y tomó la defensa de la causa. Es cuestionable en cuanto a lo ético”, se quejó Corigliano. Y agregó: “El daño que se le hace a una víctima con un defensor que en su momento fue de confianza es grave”.
El 19 de diciembre pasado, el ex funcionario judicial renunció a la defensa de Santi. La abogada que tomó el patrocinio, Teodora Perassi, presentó entonces el pedido de la prisión domiciliaria. La querella se enteró el día anterior a Nochebuena que ya gozaba del beneficio.
“Fue una decisión que la fiscal justifica con un informe privado, de un psicólogo que lo entrevistó y lo notó deprimido. La víctima no fue consultada”, dijo el abogado querellante.
Según la causa, la Fiscalía de Instrucción de Villa María resolvió conceder la prisión domiciliaria a Santi el 22 de diciembre pasado y desde entonces duerme en la casa de su padre de Villa María. La defensa argumentó “un deterioro alarmante en la salud mental del imputado”. El núcleo de la resolución pivotea sobre el diagnóstico médico presentado: “Padece de sintomatología compatible con depresión… Como la tristeza intensa, pérdida de interés y del deseo de vivir”.
Santi no podrá abandonar el domicilio sin autorización judicial, salvo emergencias médicas debidamente justificadas; tendrá prohibido cualquier contacto con menores de edad; deberá abstenerse de utilizar internet, computadoras, celulares u otros aparatos tecnológicos.
En paralelo, la fiscal Companys confirmó en las últimas horas que el juicio abreviado al que accedió Santi, con una pena de ocho años de prisión, luego de la confesión; se acordó entre la fiscalía y la defensa, y será elevado a la Jueza de Control, Soledad Dottori. También dijo que el imputado confeso porta una tobillera electrónica.
