A partir de un reporte de alerta sobre la posible producción, tenencia y distribución de contenido ilegal sobre abuso infantil en la ciudad de General Güemes, Salta, las autoridades ordenaron la detención de un joven de 23 años.
La Fiscalía especializada en Ciberdelincuencia imputó de manera provisional al acusado de poner a disposición de terceros dichos registros y por el delito de tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil, agravado por la participación de menores de 13 años, conforme a lo establecido en el Código Penal.
El caso se activó debido a una serie de informes en los que se advertía sobre la existencia de archivos digitales que contenían imágenes y videos de abuso sexual infantil.
Según información recopilada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el implicado, cuya identidad no fue revelada, habría subido a la plataforma Google un número significativo de archivos con contenido de explotación sexual, en los que se identificaron principalmente registros fílmicos que involucraban a niñas y niños que no superaban los 13 años. Estos materiales, de acuerdo con los datos de la investigación, habrían sido puestos a disposición de terceras personas a través de los servicios digitales de la red.
Tras la recepción y análisis de los reportes, los investigadores realizaron las gestiones correspondientes y solicitaron la intervención judicial. El Juzgado de Garantías 6 del distrito Centro, en feria, autorizó la realización de un allanamiento en el domicilio del sospechoso.
Durante el procedimiento, llevado a cabo en la ciudad de General Güemes, se procedió a la detención del acusado y al secuestro de dispositivos como computadoras, teléfonos y soportes de almacenamiento. Todos estos serán sometidos a peritajes para determinar el alcance de la actividad ilícita y la posible existencia de otras víctimas o responsables.
En la audiencia de imputación, el acusado fue asistido por la defensa oficial y optó por abstenerse de declarar ante la Fiscalía. Ante la gravedad de los hechos y la naturaleza de los delitos investigados, la fiscal solicitó que el imputado permanezca detenido bajo prisión preventiva, argumentando riesgo procesal y la necesidad de garantizar el avance de la investigación sin interferencias. La solicitud será resuelta por la Justicia, que deberá evaluar los elementos probatorios reunidos hasta el momento y los fundamentos expuestos por la fiscalía.
El MPF señaló que el delito por el que se investiga al acusado se encuentra agravado por la participación de niños, lo que incrementa la severidad de las penas previstas en la legislación vigente.
Lo condenaron por compartir material de explotación sexual infantil
Un hombre de 33 años recibió una pena de cuatro años de prisión en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, por los delitos de distribución reiterada y tenencia con fines de distribución de material de abuso sexual infantil, agravados por la edad de las víctimas. La sentencia se dictó tras un juicio abreviado, lo que permitió un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa.
La investigación comenzó a partir de una alerta emitida por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), organización estadounidense dedicada a combatir la explotación y desaparición de menores. El NCMEC detectó la circulación de imágenes y videos de abuso sexual infantil desde una dirección IP establecida en Argentina y remitió la información a las autoridades locales.
El fiscal Emilio Drazile encabezó la investigación y coordinó las tareas de análisis digital, logrando identificar a un residente del barrio Sarmiento como responsable del almacenamiento y distribución del material ilegal. El arresto del joven se concretó durante un allanamiento en su vivienda de la calle Jerónimo del Barco, donde los agentes secuestraron computadoras, teléfonos móviles y otros soportes de almacenamiento digital.
Los peritajes informáticos confirmaron la existencia de archivos con imágenes y videos de abuso sexual infantil, muchos de ellos con víctimas menores de 13 años. Además, se comprobó que el material había sido distribuido en diversas plataformas digitales, utilizando servicios de mensajería y redes sociales para compartir los archivos ilícitos. Las pruebas recolectadas fueron determinantes para la acusación y la posterior condena.
El fallo del tribunal, basado en el acuerdo de partes, declaró culpable al imputado y dispuso su inmediato cumplimiento de la pena de prisión.
