La muerte de Ángel López, el nene de cuatro años que falleció en Comodoro Rivadavia en abril de 2026, sigue rodeada de dudas, acusaciones cruzadas y una investigación judicial en curso. En medio del dolor, un documento previo cobra una relevancia central: la audiencia en la que el niño estuvo frente al juez de Familia a cargo de su causa y a dos meses antes de su muerte.
El acta judicial, fechada el 9 de febrero de 2026, certifica la realización de una audiencia de escucha en el marco del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que garantiza el derecho de los menores a expresar su opinión en los procesos que los afectan. En esa instancia estuvieron presentes el juez de Familia Pablo Pérez, la asesora de menores Verónica Roldán y el propio Ángel.
Según consta en el documento al que tuvo acceso ADN Sur, el niño expresó, con dificultad, que vivía con su madre y que quería seguir haciéndolo. Esa afirmación fue interpretada por el juzgado como una manifestación clara de su voluntad y tuvo un peso determinante en la resolución posterior, que ratificó la guarda a favor de la progenitora. Pero el punto más sensible del testimonio fue otro: cuando se le consultó por su padre, Ángel fue categórico al señalar que no quería verlo.
Esa frase quedó asentada en el expediente y hoy adquiere una dimensión mucho más profunda. No sólo influyó en la decisión judicial, sino que también se inscribe en un contexto familiar atravesado por conflictos y versiones contrapuestas sobre el cuidado del menor.
El padre de Ángel, Luis López, acumulaba al menos tres denuncias por conductas violentas, según consta en la causa. La intervención judicial había comenzado en 2023 a partir de alertas de vecinos que denunciaron situaciones preocupantes, como haber visto al hombre darle cerveza al niño en la vía pública. A ese escenario se sumaron incumplimientos de medidas judiciales y conflictos con su actual pareja, quien también fue señalada por obstaculizar el vínculo del menor con su madre.
Frente a ese panorama, según el diario local, la decisión del juez Pérez de otorgar la guarda a la madre se apoyó en dos pilares: los antecedentes del entorno paterno y el deseo expresado por el propio niño en sede judicial. En términos legales, la resolución buscó priorizar el interés superior del menor, un principio rector en este tipo de casos.
Sin embargo, el 5 de abril, Ángel fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia tras descompensarse en la vivienda donde vivía con su madre.
El nene murió menos de 48 horas después, y los primeros informes forenses detectaron lesiones en la zona craneal que abrieron la puerta a una investigación por posible homicidio.
La madre del niño, Mariela Altamirano, y su pareja aparecen como los principales sospechosos en la causa penal, aunque aún no hay imputaciones formales. Los fiscales a cargo, Cristian Olazábal y Facundo Oribones, sostienen que se trata de una muerte dudosa, potencialmente ilícita, y que no se descarta ninguna hipótesis, desde homicidio doloso hasta abandono de persona seguido de muerte.
La familia paterna sostiene que el niño quería vivir con su padre y cuestiona el accionar de la Justicia, mientras que la madre niega cualquier responsabilidad y afirma haber protegido a su hijo.
“Yo no maté a mi hijo”, declaró en sus primeras apariciones públicas, al tiempo que relató los momentos previos a la descompensación y aseguró que el niño no presentaba signos de violencia. Por su parte, el padre fue contundente: “A Ángel lo mataron”, afirmó, apuntando directamente contra la madre y su entorno.
En paralelo, la Justicia avanza con peritajes, análisis de teléfonos celulares y estudios complementarios que permitan determinar la causa exacta de la muerte. Los resultados histopatológicos serán clave para establecer si las lesiones detectadas fueron producto de una acción intencional o de otra circunstancia.
