Luego de una compleja investigación, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una banda dedicada a la sextorsión. Mientras que el líder se encontraba detenido en una celda de la cárcel de Almafuerte, indicaron que sus cómplices operaban desde una vivienda en el barrio La Gloria de la ciudad de Godoy Cruz, provincia de Mendoza.
El operativo se realizó luego de que la investigación revelara el envío de $2 millones por parte de un hombre, originario de Chubut, quien fue engañado bajo una compleja maniobra delictiva. Aunque la identidad de la víctima permaneció bajo resguardo, se conoció que se trataría de un habitante de la localidad de Cholila.
La investigación comenzó en noviembre de 2025, luego de que el afectado radicara una denuncia en Lago Puelo, que fue tramitada por el Ministerio Público Fiscal bajo la conducción del fiscal Carlos Díaz Mayer. Según declaró ante las autoridades, todo comenzó cuando fue contactado por una mujer identificada como “Carla” a través de Facebook.
De acuerdo con la información publicada por Los Andes, el hombre mantuvo una conversación inicial en esa red social, hasta que decidieron intercambiar números y seguir conociéndose por WhatsApp. Durante el tiempo que estuvieron en contacto, reveló que habían intercambiado fotografías de índole sexual.
No obstante, el vínculo se interrumpió de forma repentina, luego de que la supuesta Carla le confesara que era una menor de edad. A partir de esto, perdieron el contacto hasta que otro hombre se comunicó con él para exigirle dinero a cambio de no denunciarlo.
Según consta en el expediente de la causa, esta persona le habría asegurado que era el padre de la supuesta adolescente. En principio, no habría transferido dinero, pero la situación empeoró cuando los estafadores simularon el suicidio de la joven y le enviaron un acta de defunción.
El fraude no solo incluyó el uso de documentación falsa, tales como una presunta denuncia en su contra por ciberacoso y el certificado de defunción, sino que el denunciante alegó haber recibido mensajes enviados por supuestos abogados y fiscales.
Después de que los investigadores lograran ubicar desde qué lugares se había conectado la supuesta Carla, se ordenaron una serie de allanamientos. Asimismo, determinaron que el principal responsable habría sido el interno de Almafuerte, señalado como el “cerebro” de la estafa.
Aunque el preso había recibido el monto denunciado, se trazó una conexión con sus colaboradores en Godoy Cruz, quienes recibieron los fondos una vez concretada la operación. Además, en los procedimientos, los agentes incautaron teléfonos celulares y soportes informáticos que serán analizados para determinar si existen más afectados por la banda.
Negaron la excarcelación de las acusadas de extorsionar al soldado que se quitó la vida en la Quinta de Olivos
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado resolvió rechazar los pedidos de excarcelación para tres mujeres acusadas de participar en una red criminal que operaba desde cárceles bonaerenses y que fue señalada como responsable de provocar el suicidio del soldado Rodrigo Gómez, quien tenía 21 años al momento de quitarse la vida en la Quinta de Olivos.
Según confirmó Infobae, la magistrada consideró que liberar a las imputadas implicaría un riesgo procesal significativo y aumentaría las posibilidades de que el grupo continúe con sus actividades delictivas o interfiera con la investigación que aún se encuentra en curso.
El expediente judicial, tramitado por el Juzgado Federal N°1 de San Isidro, detalló que la organización delictiva habría perpetrado, entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026, al menos tres hechos comprobados de extorsión. No obstante, los investigadores creen que existen más damnificados.
Entre los antecedentes registrados figura el caso del 26 de diciembre, cuando una víctima fue forzada a transferir $15.000, y otro hecho a fines de ese mes en el que un tercero depositó $116.000 en cuentas vinculadas a las mujeres investigadas.
En el caso del soldado del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, este fue hallado sin vida en una garita de la Quinta Presidencial de Olivos el 16 de diciembre de 2025. Había utilizado su arma reglamentaria.
Una carta manuscrita encontrada junto a su cuerpo permitió a la División Homicidios de la Policía Federal Argentina y a la Fiscalía de San Isidro reconstruir los mecanismos de la red de extorsión. En su mensaje, Gómez relató haber sido víctima de amenazas reiteradas que lo llevaron a una situación económica y emocional insostenible.
Así, la investigación identificó a los líderes de la banda: dos internos alojados en la Unidad N° 36 de Magdalena y un tercero en la Unidad N° 26 de Lisandro Olmos. Las tres mujeres detenidas jugaban un papel logístico clave en el exterior, debido a que habían facilitado sus cuentas de billeteras virtuales para recibir el dinero producto de las extorsiones y proporcionando chips para que los presos pudieran operar sus teléfonos celulares desde la cárcel.
El modus operandi de la organización era sistemático. El grupo creaba perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas como Evermatch y lograba que las conversaciones migraran a WhatsApp. Posteriormente, enviaban audios supuestamente grabados por la madre de la joven, quien aseguraba que su hija era menor de edad y que estaban en una comisaría para denunciar a la víctima.
Enseguida, intervenía un falso policía —suplantando la identidad de un efectivo real— que exigía transferencias monetarias a cambio de “arreglar la situación” y evitar una causa penal. En el caso particular de Gómez, la presión se materializó el 15 de diciembre, cuando la banda lo forzó a transferir $1.413.000 a dos cuentas de Mercado Pago bajo su control.
Ante el pedido de excarcelación, el fiscal federal Federico Iuspa también se había opuesto a las liberaciones de las acusadas, tras argumentar que aún restan producir pruebas relevantes, como los análisis de los teléfonos incautados en los allanamientos del 9 de febrero.
De estos dispositivos se cree que podrían surgir “vínculos con terceras personas aún no identificadas” y la posible detección de nuevas víctimas que por temor o vergüenza no denunciaron formalmente los hechos. Hasta el momento, los involucrados enfrentan cargos por asociación ilícita dedicada a la extorsión mediante intimidación y usurpación de autoridad pública.
