A ocho años de los hechos, 21 integrantes de la Policía comenzaron a ser juzgados por su presunta participación en apremios ilegales, torturas e incumplimiento de deberes de funcionario público, cargos derivados de la detención y el maltrato de siete jóvenes.
La denuncia original, impulsada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), recogió testimonios sobre una serie de abusos cometidos por el personal policial contra seis varones y una mujer, todos de entre 21 y 24 años —en ese momento—, quienes se encontraban reunidos en una de las cuatro plazas ubicadas en la intersección de Mendoza y Provincias Unidas.
El tribunal, integrado por los jueces Florentino Malaponte, Gonzalo López Quintana y Fernando Sosa, abrió el debate bajo la acusación de la fiscal Karina Bartocci, mientras que la querella quedó a cargo de la APDH. Todos los imputados llegaron al banquillo en libertad, y la Fiscalía solicitó penas de entre cinco y diez años de prisión para los acusados, según detalló el portal Rosario3.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el episodio ocurrió el viernes 23 de marzo de 2018 cerca de las 4 de la madrugada. Siete jóvenes conversaban sentados en un banco cuando dos de ellos se alejaron en moto hacia un quiosco. De repente, un patrullero, con las luces apagadas, comenzó a seguirlos acelerando, lo que generó temor en los jóvenes. Uno de ellos regresó al punto de encuentro, mientras que el conductor decidió continuar su marcha, advirtiendo la presencia de otros móviles policiales.
La secuencia, reconstruida por la fiscalía, señala que el conductor de la moto fue interceptado poco después por los agentes Ariel G. y Gastón F., quienes le quitaron sus pertenencias y lo golpearon. Pese a constatar que la moto era de su propiedad, lo trasladaron esposado a una camioneta policial. Al mismo tiempo, la joven que viajaba como acompañante fue abordada por los suboficiales Mariano S. y Erica D., quienes la obligaron a ingresar al móvil policial, aplicando insultos y violencia física.
Según la acusación, Erica D. la tomó por el cabello y la introdujo por la fuerza en el vehículo, mientras Mariano S. agredió a otro de los jóvenes con un golpe en la frente utilizando su arma reglamentaria. Una de las víctimas intentó escapar, recibiendo un disparo con una escopeta antitumulto que le impactó en la pantorrilla izquierda.
Además, cortaron su cabello como forma de vejación. El operativo se intensificó con la llegada de otros móviles, y uno de ellos, según el expediente, avanzó a alta velocidad en dirección a una de las víctimas, con riesgo de atropellarla.
La situación no se limitó al espacio público. La información describe cómo los jóvenes fueron trasladados en distintos móviles a la ex Comisaría 14ª, ubicada en Marcos Paz 6650, donde actualmente funciona la Comisaría de la Mujer.
Allí, la violencia continuó: los seis varones fueron esposados unos a otros y obligados a permanecer de pie durante horas, sometidos a insultos, burlas y amenazas de muerte. El expediente judicial detalla que los suboficiales Mariano S. y Erica D. documentaron la escena con sus teléfonos celulares.
Durante el trámite policial, a una de las víctimas le ordenaron desnudarse mientras estaba esposada. La joven, por su parte, fue retirada del móvil policial por la suboficial Ángela G., quien la llevó a la fuerza a un pasillo, la hizo permanecer de pie contra la pared y ajustó sus esposas hasta dejarle marcas en la muñeca y la mano, situación constatada posteriormente en el informe médico.
En el proceso de liberación, se detectaron faltantes de dinero y daños en objetos personales de los jóvenes. Uno denunció la desaparición de 300 pesos de su billetera, otro la pérdida de 2.000 pesos y la rotura de una tarjeta de crédito. La Fiscalía indicó que todos los imputados firmaron el acta del procedimiento, en la que, según su acusación, figuran datos falsos.
El juicio oral comenzó con la exposición de los alegatos de apertura, donde la fiscal Karina Bartocci describió los pormenores de la causa y anticipó que el proceso incluirá alrededor de 50 testimonios, entre víctimas, testigos y personal policial. Las declaraciones de las víctimas están previstas para las siguientes audiencias, que se celebrarán durante el jueves y viernes.
El debate se extenderá hasta el 9 de marzo, fecha estimada para la finalización de las exposiciones. Una vez culminadas las audiencias, los jueces fijarán fecha para la lectura del veredicto y la eventual imposición de penas.
