Detuvieron en Palermo a un prófugo acusado del hackeo y desvío de $275 millones de una empresa de La Rioja

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El joven detenido por el hackeo y desvío de fondos de una empresa de La Rioja

En octubre de 2024, una empresa de la provincia de La Rioja dedicada a la construcción vial y la producción de materiales para obras sufrió un hackeo que terminó en una pérdida de $275 millones. La semana pasada, la investigación por esa defraudación tuvo novedades: la Policía Federal Argentina detuvo a un sospechoso de 22 años en el barrio porteño de Palermo.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el arresto se concretó en la vía pública, sobre la calle Bulnes al 1200. Allí, ocho efectivos de la División Búsqueda de Prófugos de la PFA montaron un seguimiento tras identificar patrones de uso de transporte público asociados al acusado, identificado como C.G.C., quien ya tenía pedido de captura nacional.

El caso se originó el 29 de octubre de 2024, cuando la empresa riojana detectó movimientos bancarios inusuales. A través del homebanking, personas no autorizadas transfirieron $275 millones a una firma del rubro de la construcción con domicilio en el conurbano bonaerense.

Después, el dinero fue distribuido en distintas cuentas, entre ellas una a nombre del sospechoso detenido, quien es vecino de Lanús y no registra empleos en blanco.

El pedido de captura partió del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N°3 de La Rioja, a cargo de la jueza María Eugenia Torres, quien solicitó la colaboración de la División Búsqueda de Prófugos, que también fue encomendada para realizar el traslado de C.G.C..

El acusado es oriundo de Lanús y fue detenido en Palermo

El acusado quedó alojado en la División Alcaldía – Anexo Madariaga, bajo la figura de detenido comunicado. La causa lleva la carátula de defraudación, con intervención también del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias.

Estafas multimillonarias a empresas rosarinas

En paralelo a este operativo, la semana pasada se conocía otro caso que también involucra un golpe millonario a empresas del sector privado. Dos hombres oriundos de Córdoba quedaron detenidos tras una investigación que los ubicó detrás de una estafa de $277 millones contra dos empresas de Rosario.

Los acusados son F.G.R. (23) y J.E.G. (30). Ambos se hicieron pasar por un gerente de adquisiciones de YPF –utilizando el nombre ficticio de Juan Cruz García– para iniciar procesos de compra de productos de alto valor, que luego retiraron sin nunca abonar. Para poder concretar su estafa, los imputados utilizaban una dirección de correo electrónico similar a la oficial de la petrolera.

A través de esa casilla, los delincuentes simularon gestiones comerciales, solicitaron cotizaciones y formalizaron pedidos. Para reforzar la credibilidad del engaño, enviaron documentación con membrete de la empresa y hasta concertaron una reunión en las oficinas de Puerto Madero, encuentro que cancelaron bajo el pretexto de un problema de salud de un familiar.

El primer golpe fue entre septiembre y diciembre, cuando una de las firmas recibió pedidos de termos, vasos térmicos y recipientes para mates, que fueron retirados en una empresa de logística de la Ciudad de Buenos Aires.

Todo quedó al descubierto cuando una de las facturas enviadas por el falso gerente resultó rechazada. Representantes de la compañía se dirigieron entonces a las oficinas de YPF, donde confirmaron que habían sido víctimas de una estafa, por un total de $34 millones.

La segunda víctima reportó un daño aún más significativo. La empresa recibió un pedido de dos compresores a tornillo y tres compresores a pistón. Los equipos, valuados en 243 millones de pesos, fueron retirados y luego revendidos a través de redes sociales, según advirtió la empresa al recibir alertas de clientes sobre la aparición de sus productos en plataformas como Facebook Marketplace.

La investigación llevó a la captura de los sospechosos, en los barrios de Yapeyú y Patricios de la ciudad de Córdoba. La jueza María Melania Carrara dispuso la prisión preventiva para ambos durante un plazo de 90 días.