La División Homicidios de la Policía Federal Argentina ingresó el lunes pasado en la Unidad N°36 del complejo de cárceles de Magdalena para allanar y detener a un grupo de delincuentes presos allí. El motivo: el suicidio de Rodrigo Andrés Gómez, el soldado formoseño hallado muerto el 16 de diciembre pasado en la Quinta de Olivos.
La investigación llevada adelante por la misma división, encabezada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, había determinado que una extorsión sexual llevada adelante por una banda liderada por estos detenidos condujo al soldado hasta la muerte.
En el allanamiento al penal, se descubrió que Tomás Francavilla -un hampón de La Matanza condenado por robo, acusado de ser el principal responsable de la maniobra para engañar a Gómez-, escondía dos teléfonos en su celda. Mauricio Duarte Areco, otro presunto jefe de la banda, también sentenciado por robo, poseía otro aparato.
Francavilla, según datos de la causa, usó su celular para llamar a Gómez desde su celda haciéndose pasar por un teniente de la Bonaerense. El ladrón condenado, con el apoyo de una red en la zona oeste integrada por su novia y las parejas de sus cómplices, le anunció al soldado que una investigación por pedofilia comenzaba en su contra. Si pagaba, se salvaba.
En las horas previas a su muerte, Gómez realizó cuatro pagos por $1,4 millones a dos billeteras virtuales. Luego, en su garita, con un tiro de su fusil, el soldado se quitó la vida. La banda de Francavilla lo llamó varias veces después de muerto.
Tras el operativo en Magdalena, la discusión giró en diversos foros a una fuerte cuenta pendiente del sistema penal en cuestión de horas. En las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense, liderado por Juan Martín Mena, estos celulares se encuentran, precisamente, permitidos por el Estado.
Historia para atrás
La historia se convirtió rápidamente en relato. La narrativa oficial en torno al esclarecimiento del caso, con una conferencia de prensa liderada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; apuntó a que los detenidos que lideraban la banda, básicamente, estaban encarcelados en penales bonaerenses.
Poco después, Juan Gómez, padre de Rodrigo, apuntaba en una entrevista concedida a TN a “la ineficiencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, tanto del gobernador Kicillof y el ministro de Seguridad”. “Son muy incompetentes como para dejar que tengan cuatro celulares dentro de una cárcel. Desde ahí hacen lo que quieren», continuó.
Los celulares en los penales bonaerenses se encuentran permitidos por la Justicia hace casi seis años, con un fallo dictado por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires el 30 de marzo de 2020. El motivo: el aislamiento de los detenidos durante el estallido de la pandemia del coronavirus.
En aquel fallo, el magistrado Víctor Violini autorizó el ingreso masivo de teléfonos a las 81 unidades y alcaidías del Servicio Penitenciario Bonaerense para evitar “una situación de ostracismo que, en el marco de la actual pandemia, importa un sufrimiento incompatible con el trato humanitario”.
Los detenidos, por un tema de salud, estaban impedidos de recibir las visitas de sus familiares o un contacto fluido con sus defensas. “Debemos extremar nuestro sentido de humanidad”, continuó Violini.
Los teléfonos clandestinos no eran ninguna novedad. Se habían vuelto una constante en las cárceles provinciales. Según fuentes oficiales, más de 25 mil aparatos fueron incautados en requisas en 2018: ese año, las cárceles del SPB habían declarado una población de 42 mil internos. En la práctica, el fallo del juez Violini buscaba contener una explosión mayor.
El fallo, firmado tras la presentación de un habeas corpus colectivo de detenidos de la Unidad N°9 de La Plata, fue bienvenido en la frecuencia interna por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del que dependen las 57 cárceles y alcaidías de la provincia.
Las autoridades políticas consideraron la masificación de celulares dentro de las celdas como un factor clave para apaciguar las tensiones crecientes. El SPB rápidamente estableció las reglas: un celular por detenido, sin redes sociales, con WhatsApp como única aplicación.
Fecha de vencimiento
Los teléfonos ingresaron a los pabellones. Sin embargo, esa paz que los teléfonos prometían no apareció de inmediato. El 22 de abril, a tres semanas de la firma del fallo, el SPB enfrentó el motín más violento de su historia reciente, una batalla que estalló durante toda una tarde y toda una noche en la Unidad N°23 de Florencio Varela. La jornada terminó con un preso muerto a tiros por un penitenciario.
El motín fue motivado, irónicamente, por una fake news que circuló entre los detenidos, difundida por WhatsApp, un falso audio de un médico penitenciario. En simultáneo, los presos del penal de Devoto, que depende del Servicio Penitenciario Federal, donde no se permiten los celulares, copaban los techos de la prisión armados con lanzas.
La medida judicial que permitió los teléfonos tenía fecha de vencimiento. El juez Violini determinó el permiso para que los presos bonaerenses usen sus celulares “DURANTE EL PERÍODO que subsistan la situacion de pandemia y la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio”. Las mayúsculas le pertenecen al fallo.
El aislamiento concluyó oficialmente el 30 de enero de 2021; la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria en mayo de 2023. Sin embargo, la medida se mantuvo vigente en la práctica. Los celulares siguen hasta hoy, convirtiéndose en una realidad incómoda. De acuerdo a altas fuentes judiciales, el Ministerio Público Fiscal provincial todavía no formuló un pedido a las autoridades judiciales o políticas para que el uso de teléfonos en penales se corte.
El verso tumbero de la falsa causa penal por pedofilia, que llevó al suicidio al soldado Gómez, repetido varias veces en diversas causas penales de la historia reciente, es un invento que data de la pandemia, un período donde las estafas virtuales vivieron un auge notable.
¿Sirve tener celulares en la cárcel?
La pregunta es obvia: ¿esta baja de la conflictividad que traen es real? Seis años después, el efecto de los celulares en la cárcel debería medirse de forma concreta. En prisión, para empezar, la conflictividad se castiga. Para determinarlo, podría analizarse el número de estos castigos.
El informe para 2024 del Sistema Nacional de Ejecución de la Pena -elaborado por el Ministerio de Justicia de la Nación- estableció 55143 detenidos en las cárceles bonaerenses. De todo este universo, 1361 tenía una conducta calificada como regular, mala o pésima, un 2,4 por ciento de la población, con 30 intentos de fuga o evasión. Se aplicaron 6001 sanciones en el período.
En 2019, el último año sin celulares, el SPB reconoció 45392 detenidos. De ellos, 1449 –poco más de un 3,1 por ciento– tenían una conducta calificada como regular, mala o pésima. En aquel año hubo 9022 sanciones aplicadas. Puede pensarse de dos maneras: el SPB castigó menos, por decisión u omisión, o la conflictividad entre presos efectivamente bajó.
Los homicidios dentro de las cárceles también son otro factor. También bajaron en el período analizado, y de forma considerable. Datos recopilados por la Comisión Provincial por la Memoria, basados en números oficiales, aseguran que hubo 2,3 homicidios cada 10 mil internos en el SPB en 2019; en 2024, ese número descendió a 0,6 casos cada diez mil. Sin embargo, atribuir esta baja de una estadística crítica a la presencia de teléfonos, tal vez, requiera de un estudio más profundo.
El Servicio Penitenciario Federal, que no permite celulares, de acuerdo al Sistema Nacional de Ejecución de la Pena, tenía 11728 internos en 2024. 332 de estos internos –un 2,8 del total- tenían una conducta calificada como regular, mala o pésima. En el período, el SPF aplicó 1870 sanciones. Aquí, sin celulares, la tasa de castigo es levemente mayor. Sin embargo, el perfil de violencia de los detenidos en los penales federales es sumamente distinto al de los bonaerenses, una población penitenciaria atravesada, principalmente, por ladrones a mano armada.
De vuelta a la Provincia, un informe oficial citado por el diario El Día de La Plata asevera que el 85 por ciento de los detenidos del SPB cuenta con acceso a un teléfono sin control judicial. El 99,3 por ciento de los aparatos incautados son por uso indebido de redes sociales; el resto se incauta en el marco de causas judiciales.
Esta es una ironía de tantas. El uso masivo de los celulares convirtió a detenidos como Paola Galeano, presa en un penal de Lomas de Zamora por ser parte clave de un crimen cometido en 2013, en bailarines de TikTok e influencers. Algunos hasta gestionan canjes con marcas.
Sin embargo, en el mundo del delito, las excepciones son siempre la regla. Para los comisarios y fiscales de la provincia, acostumbrados a perseguir a bandas que operan desde prisión, el comentario en su frecuencia interna es el mismo.
Un oficial de la Bonaerense de altísimo rango afirma: “Es una locura que sigan operando desde la cárcel. Marcan los lugares de sus robos con Google Maps. Esto debería debatirse en la Cámara de Diputados. Las cárceles tendrían que estar rodeadas de inhibidores de señal“.
Un experimentado fiscal asegura: “Allané 10 veces unidades penitenciarias en los últimos cinco años por delitos varios”.
Uno de sus colegas, una figura sumamente reconocida en el fuero penal, completa: “Cada vez que allanamos un penal, secuestramos gran cantidad de teléfonos. Te diría que el ciberdelito cometido por presos está en el top 5 del segmento. No solo se trata de ciberextorsiones, sino también de hackeo de WhatsApp, pesca de datos bancarios, estafas con tarjeta de crédito. Se dedican a todo».
Casos aberrantes
Hay casos decididamente aberrantes en la historia reciente de presos que delinquen con teléfonos permitidos desde sus celdas. Braian Cristian Godoy, oriundo de Rafael Calzada, condenado por abuso sexual, fue allanado en su celda del penal de Olmos a fines de marzo de 2025.
El fiscal Daniel Ichazo, titular de la UFI N°8 de Berazategui, lo acusaba de un truco cobarde, de cierta perversión: engañar a una niña de 14 años y a sus amigas para hacerlas posar semidesnudas y quedarse con las imágenes, bajo la excusa de ser el directivo de una marca de ropa.
El caso de “La Banda del Millón” es paradigmático como pocos en este sentido. La organización de ladrones de dólares y joyas con base en la villa La Cava de San Isidro, integrada por menores de hasta 12 años, se ganó un nombre nefasto en las crónicas policiales por matar a dos víctimas en sus robos y dejar en terapia intensiva a otro jubilado al que le quitaron más de 200 mil en moneda norteamericana tras torturarlo, con cientos de víctimas marcadas en el municipio.
Sus tres capos –Brandon Brites, Thiago Sandoval y Hugo Isaías Castillo– fueron detenidos en una investigación a cargo del fiscal Patricio Ferrari. Sin embargo, el sistema de teléfonos permitió que sigan dando sus órdenes a la banda desde la cárcel para cometer nuevos asaltos. Uno de ellos, liderado por Castillo desde su celda, terminó con la muerte de María Susana Rodríguez Iturriaga, de 81 años. Su celular fue incautado en su celda. Castillo, por su parte, se encuentra acusado del asesinato de Jorge De Marco, asesinado a golpes en un asalto a su casa, la primera víctima fatal de su banda.
Este viernes -tras un asalto que tuvo a Mónica Mancini, una jubilada sanisidrense, como nueva víctima, con Brandon Brites a cargo del ataque desde prisión-, el fiscal del caso de “La Banda del Millón” pidió a la Justicia la prohibición del uso de celulares en las cárceles y terminar con el “mando remoto”. El pedido abarca a los 40 detenidos en su expediente. Fue dirigido, entre otros, a los diversos jueces que intervienen en el caso -ya elevado a juicio en parte- y a Juan Martín Mena, el ministro de Justicia bonaerense.
¿Pedirlo preventivamente no era una opción? Fuentes en torno al caso consideran que no, que, el pedido difícilmente podría haber sido concendido. Para hacerlo, Ferrari primero debía demostrar que los jefes de “La Banda del Millón” operaban desde la cárcel.
Infobae contactó en repetidas ocasiones al Servicio Penitenciario Bonaerense y a las autoridades del Ministerio de Justicia bonaerense para conocer su punto de vista sobre la situación, sin recibir respuesta.
