El 13 de enero de 2002 la Estancia La Candelaria en Nogoyá, Entre Ríos, se convirtió en el escenario de un hecho que desafía a la lógica, la justicia y la fe: una familia entera, seis personas en total, desapareció de la faz de la tierra sin dejar un rastro.
Hoy, a 23 años de aquel misterio, la causa que investiga el paradero de Rubén “Mencho” Gill, su esposa Margarita Gallegos y sus cuatro hijos —María Ofelia (12), Osvaldo José (9), Sofía Margarita (6) y Carlos Daniel (2)— vuelve a cobrar una relevancia dramática.
Con la designación del doctor Marcos Rodríguez Allende como nuevo abogado querellante, el expediente de 18 cuerpos se abre una vez más para intentar responder la pregunta que atormenta a un pueblo: ¿dónde están los Gill?
El letrado explicó que su decisión de tomar este caso tan complejo y controversial respondió a motivos humanos, personales y profesionales. “Fundamentalmente, lo hice para darle una respuesta a doña María Delia, la madre de Margarita y abuela de los chicos desaparecidos”, señaló Rodríguez Allende a Infobae.
El pedido surgió, además, por iniciativa de un exjuez de la causa —amigo personal del abogado— quien al no poder intervenir como querellante le solicitó que asumiera el rol dada su extensa trayectoria en el derecho penal en la provincia de Entre Ríos, donde ejerce desde hace más de 30 años.
La desaparición de la familia Gill
La historia de los Gill no es la de una huida planificada. Es la crónica de una ausencia impuesta. “Mencho” Gill era el peón de confianza en el campo de Alfonso Goette, dueño de unas 600 hectáreas y temperamento de hierro. Ese domingo de enero de 2002 fue la última vez que se los vio con vida. Habían ido al velorio de un amigo en la localidad de Viale. Regresaron al campo y, a partir de ese momento, el silencio se volvió absoluto.
Lo que hace que este caso sea único y desgarrador es la inacción inicial. Pasaron tres meses hasta que la familia de Margarita supo que algo andaba mal. Fue el propio Goette quien, con una frialdad absoluta, recibió en la estancia a los parientes de “Mencho”, que preguntaron por ellos. Su explicación fue sencilla: “Se fueron de vacaciones y no volvieron”.
Pero los Gill no se habían ido de vacaciones. En la humilde casa que habitaban dentro de la estancia, la vida había quedado congelada. De los roperos no faltaba ninguna prenda y los documentos de identidad fueron hallados dentro de la propiedad. Margarita, que trabajaba como cocinera en una escuela rural, había dejado los sueldos sin cobrar y eso despertó las peores sospechas. Nadie que planea un futuro —o una huida— abandona a sus hijos sin sus documentos ni deja el dinero que tanto le costó ganar.
Errores en la primera etapa de la investigación
Rodríguez Allende fue contundente al analizar los errores cometidos en los primeros meses de investigación. En aquel entonces, el sistema procesal penal era muy distinto al actual: la investigación estaba a cargo de un juez de instrucción, mientras que el fiscal tenía un rol prácticamente inexistente.
El juez interviniente en esa etapa, Sebastián Gallino —hoy vocal del Tribunal Oral de Concepción del Uruguay—, sostuvo desde el inicio la hipótesis de que la familia se había marchado voluntariamente, apoyándose casi exclusivamente en la versión del dueño del campo donde vivían y trabajaban.
“Esa teoría se mantuvo pese a las evidencias que la contradecían: la familia dejó ropa, documentación y pertenencias en la vivienda; Ramón no tenía vehículo ni sabía manejar; Margarita trabajaba como cocinera en una escuela rural que dejó de abrir de un día para otro, sin aviso alguno”, precisó.
Además, una vez formalizada la denuncia por la desaparición de los Gill, “recién siete meses después la policía realizó una búsqueda superficial en el campo, recorriendo unas pocas hectáreas a caballo y sin ningún tipo de peritaje serio”. Pero lo que más indignación le dio al abogado fue que “después de una recorrida mínima, los policías terminaron comiendo un asado con el dueño de la estancia y principal sospechoso”.
La muerte del patrón
Durante años, el miedo fue el principal obstáculo de la justicia. “Alfonso Goette era una persona de temperamento muy fuerte y muy temido”, señaló el abogado. Fue recién después de la muerte del estanciero, ocurrida en un accidente de tránsito en junio de 2016, que las lenguas comenzaron a desatarse. Los testigos, protegidos por el anonimato que otorga la muerte del patrón, empezaron a hablar.
El testimonio más estremecedor surgió en 2017. Un hombre, que conocía de cerca la dinámica del campo, aportó un dato que cambió el eje de la investigación. Relató que el 14 de enero de 2002 —apenas 24 horas después de la última vez que se vio a la familia— se cruzó con el “Mencho” Gill.
Según consta en el expediente judicial “vio a ‘Mencho’ Gill cavando pozos en el campo y él estaba muy enojado por ese trabajo que le había ordenado el patrón”.
Esa imagen es la que hoy persigue a los investigadores: un peón rural, harto de una tarea extenuante y aparentemente sin sentido, cavando fosas en su propio lugar de trabajo bajo las órdenes de un hombre autoritario. La hipótesis es lúgubre: ¿estaba Gill cavando, sin saberlo, su propio destino y el de su familia?
A partir de este relato, se realizaron allanamientos y excavaciones con maquinaria pesada en los puntos señalados, pero la tierra, hasta ahora, se negó a entregar sus secretos. Ni siquiera los trabajos encargados al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) desanudaron el misterio.
El campo, el epicentro de la verdad
Hoy, la única hipótesis vigente para la querella es que los cuerpos se encuentran dentro del campo, que cuenta con ríos, arroyos, tajamares y múltiples irregularidades geográficas que dificultan enormemente la búsqueda.
Con el cambio de autoridades judiciales (la asunción del juez de Garantías de Nogoyá, Oscar Rossi), la causa se reactivó. En octubre pasado se realizó un allanamiento integral del campo, con intervención de la Policía de Entre Ríos, Criminalística y áreas de Inteligencia Científica. Se utilizaron drones de alta precisión para relevar el terreno y obtener mediciones exactas de latitud y longitud.
“El objetivo es enviar toda esa información, a través de Cancillería, a la NASA, que cuenta con satélites capaces de retrotraer imágenes a años anteriores y detectar movimientos de tierra ocurridos antes de 2007”, explicó Rodríguez Allende.
“Es una medida inédita en la causa y una de las mayores esperanzas que tenemos”, agregó. El profesional estimó que los estudios técnicos estarían finalizados en los próximos días y, una vez completados, se avanzará con el pedido formal a Estados Unidos.
Un antecedente macabro y los dos posibles móviles del hecho
Otro dato estremecedor que surge de la investigación es la confirmación de la desaparición de un puestero anterior, de nacionalidad paraguaya, que trabajaba en el mismo campo antes de la familia Gill.
Se trataba de una persona sin familiares que lo reclamaran, y su caso nunca fue investigado. Para el abogado, este antecedente refuerza la sospecha sobre lo que ocurría dentro de ese establecimiento rural, que funcionaba como un “mundo cerrado”, ajeno a todo control.
“Estoy convencido de que cometieron un grave delito con la familia Gill y que el principal sospechoso fue el propietario del campo”, afirmó con contundencia.
El abogado sostiene que las investigaciones iniciales solo sirvieron para “entorpecer la verdad”. Las teorías que sugerían que la familia podría haberse ido a otra provincia o incluso al Paraguay fueron, según su visión, maniobras de distracción. “Mi hipótesis central es que nunca abandonaron el campo donde residían”, insistió.
La querella sostiene dos posibles móviles, ambos de extrema gravedad. “El primero, que Margarita habría decidido contarle a Ramón que el hijo menor, de apenas dos años, era en realidad hijo del dueño del campo. Este dato habría sido incluso reconocido por el propio estanciero antes de morir, cuando se lo confesó a un periodista de Paraná”, precisó Rodríguez Allende.
El segundo móvil apunta a que la hija mayor de Margarita, de 12 años, habría sido víctima de abusos sexuales por parte del dueño de la estancia.
Según Rodríguez Allende, todo indica que “estos hechos se daban en un contexto de aislamiento total, donde el poder, el miedo y el silencio eran moneda corriente”.
El abogado reconoce que, aún si se hallaran los cuerpos, estos móviles probablemente nunca puedan probarse judicialmente. Sin embargo, el objetivo central es otro: darle paz a la familia. “María Delia quiere saber dónde están. Poder llevarles una flor. Saber la verdad”, expresó.
A 23 años del horror, el caso Gill vuelve a abrirse paso entre el silencio y la impunidad, con nuevas herramientas científicas y una convicción firme: la verdad sigue estando ahí, esperando ser encontrada. El “Mencho”, Margarita y sus cuatro hijos merecen, al menos, que la tierra que los vio trabajar deje de ocultarlos.
