
Durante el comienzo del juicio contra Juan Ruiz Orrico, el ex presidente del Instituto Portuario de Entre Ríos que fue acusado de causar la muerte de cuatro trabajadores, el imputado asumió la responsabilidad total por la maniobra que generó el accidente ocurrido en la Ruta 39.
Al momento de comparecer ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, el ex funcionario admitió: “Sé que el daño es irreparable y ni siquiera me podría reflejar lo que sienten las víctimas, porque la única forma es que me pase en carne propia, entonces mis palabras hasta diría que sobran”.
Tras reconocer la magnitud de la tragedia, el acusado sostuvo que consideraba insuficiente cualquier disculpa, pero que sentía la obligación de presentar sus condolencias a los familiares y, si pudiera, mitigar el daño de alguna manera.
“Sé que no hay pedido de disculpas que sea aceptado y que mis palabras puedan resultar hirientes, pero es un ofrecimiento que hago ante este hecho irreparable”, manifestó Orrico. Finalmente, remarcó la irreversibilidad de los hechos al manifestar: “Independientemente de lo duro y lo tremendo y catastrófico del hecho, no se puede volver atrás”.

Según la información publicada por Diario Uno de Entre Ríos, la querella, representada por el abogado Mario Arcusin, anticipó que pedirá una pena de seis años de prisión efectiva, en caso de que el ex funcionario fuera encontrado culpable del delito de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por haber tenido múltiples víctimas.
El trágico incidente ocurrió el 20 de junio de 2024 en el kilómetro 123 de la Ruta 39, entre Caseros y Herrera, cuando el ex titular del Instituto Portuario entrerriano conducía un Volkswagen Passat oficial a 150 kilómetros por hora y con 1,59 gramos de alcohol en sangre. El impacto frontal terminó instantáneamente con la vida de Leonardo Almada (33), Axel Rossi (23) y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre (26 y 32), todos trabajadores del frigorífico Fadel.
“Los padres, esposas e hijos de las víctimas están bajo asistencia psicológica. No viven una vida normal”, enfatizó el querellante al calificar al proceso como “el juicio del dolor”. Su solicitud coincidió con la del abogado Leandro Rosatti, representante de la familia de Rossi, en pedir para Orrico una condena superior a la escala penal habitual, contemplada entre dos y cinco años de prisión.
Por un lado, la Fiscalía, encabezada por Eduardo Santos, insistió en que el accionar de Orrico resultó en un siniestro evitable y previsible, dadas las decisiones tomadas por el acusado. “Este lamentable hecho no hubiera acaecido si Orrico hubiera actuado de manera prudente. Sabía que había tomado alcohol y que si salía a la ruta generaba un riesgo. Ese riesgo se concretó y acabó con la vida de cuatro jóvenes trabajadores, deportistas, padres de familia e hijos”, remarcó.

De esta manera, adelantó que en el juicio participarán como testigos policías, peritos, el bioquímico responsable del análisis de sangre, el médico forense y funcionarios que darán cuenta de la titularidad del vehículo oficial y el cargo de Orrico al momento de los hechos, además de familiares de las víctimas.
Por otro lado, los abogados Leopoldo Lambruschini, Félix Pérez y Leandro Monje, defensores de Orrico, reconocieron que su representado tiene responsabilidad en el siniestro y por ello no impugnaron la elevación de la causa a juicio. No obstante, adelantaron que la discusión se centrará en el “grado de reproche jurídico y en la determinación de la pena”.
En este sentido, la defensa argumentó que existen múltiples circunstancias que deben ser consideradas al momento de evaluar la sanción. Lambruschini precisó: “Discrepamos con aquello que incide en la determinación de la pena. Sostendremos que hay múltiples circunstancias omitidas o infravaloradas que podrán ser ponderadas correctamente en el debate. Solicitaremos al Tribunal una respuesta racional al conflicto”.
Según está pactado, el juicio continuará los días 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero, fecha en la que se conocerá la sentencia emitida por el Tribunal de Juicio y Apelaciones.



