Las últimas horas dejaron el saldo de 38 conductores con alcoholemia positiva, cuyas licencias quedaron retenidas. Hubo otros tres conductores cuyas licencias fueron retenidas por otras infracciones a la ley de tránsito: la más llamativa fue la de un hombre que manejó en contramano.
El registro de alcoholemia más alto fue el de un conductor con 2,62 g/l de alcohol en sangre, un nivel que de acuerdo a criterios médicos implica una toxicidad severa que podría derivar en estupor, pérdida de la conciencia y dificultad respiratoria.
De acuerdo con la normativa local, fueron identificados 12 casos con dosaje superior a 1 g/l, quienes resultaron inhabilitados para conducir por períodos de 4 meses a 2 años. Otros 26 conductores presentaron valores de entre 0,5 y 0,99 g/l, enfrentando la suspensión por lapsos de 2 a 4 meses.
Durante los festejos de Año Nuevo, más de 5.000 controles de alcoholemia realizados en la Ciudad de Buenos Aires arrojaron un descenso en la tasa de positividad, que alcanzó el 0,77%, una cifra menor que el promedio anual del 0,97 por ciento.
La acción de control, impulsada por la Dirección de Tránsito, busca reducir la incidencia del alcohol en incidentes fatales, considerando que 1 de cada 5 muertes en el tránsito se vincula con esta causa. Las estrategias incluyen la retención de licencias y la obligatoriedad de talleres de seguridad vial para aquellos que resulten positivos.
La Ciudad mantiene criterios estrictos para la recuperación del permiso de conducir: todos los conductores que superan los límites deben realizar un curso de seguridad vial antes de recuperar su licencia y abonar una multa. Los conductores particulares tienen tolerancia de 0,5 g/l, los motociclistas de 0,2 g/l y los principiantes o profesionales de 0,0 g/l. Las sanciones económicas oscilan entre $119.776,5 y $1.597.020, o incluso 1 a 10 días de arresto en los casos más severos. Negarse a realizar el test implica una multa de $798.510 y el secuestro del vehículo.
El método utilizado, denominado “embudo”, exige el desplazamiento a baja velocidad y refuerza la percepción de control, además de incrementar la seguridad del personal. La Organización Mundial de la Salud lo recomienda como un estándar internacional. La tendencia de reducción de positivos se refleja en los datos históricos: en 2020 la tasa llegó al 1,76%, descendiendo progresivamente a 1,67% en 2021, 1,52% en 2022, 1,20% en 2023, 1,16% en 2024 y 0,97% en 2025.
Los controles durante la celebración coexistieron con la atención hospitalaria por incidentes asociados a la pirotecnia. En la madrugada, 22 personas ingresaron en hospitales porteños.
El Hospital Oftalmológico Santa Lucía trató a 12 pacientes, de los cuales dos tenían menos de 15 años, todos por lesiones oculares provocadas por pirotecnia. Otros dos casos leves se atendieron en el Hospital Oftalmológico Lagleyze. En ninguno de los hospitales oftalmológicos se registraron cirugías o internaciones.
El Hospital de Quemados recibió a nueve pacientes, entre nueve y 25 años. El más grande fue un hombre que requirió la amputación de una falange por la explosión de un petardo, pero se encuentra fuera de peligro.
El uso de pirotecnia “con efecto audible” está prohibido en la Ciudad por decisión de Jorge Macri, con el objetivo de proteger tanto a la población, los animales y el ambiente.
