La jueza de garantías Andrea Rodríguez Mentasty, del Juzgado de Garantías n°3 de San Isidro, ordenó este viernes la prohibición del uso de sus teléfonos celulares para los cuatro detenidos por el homicidio de María Susana Rodríguez Iturriaga, una jubilada de 81 años asesinada a fines de octubre pasado en su casa de Acassuso, partido de San Isidro. Todos son acusados de ser integrantes de “La Banda del Millón”, organización delictiva que está siendo investigada y ya cuenta con más de 40 miembros encarcelados.
La decisión de la magistrada respondió a la solicitud del fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari -también a cargo de la UFI de Ciberdelitos de ese distrito-, quien le había pedido a la Justicia la prohibición absoluta del uso de celulares y otros dispositivos con acceso a internet para los más de 40 detenidos sospechados de integrar “La Banda del Millón”, organización delictiva señalada como responsable de dos homicidios y una larga serie de robos violentos en el norte del conurbano bonaerense y que usa menores de edad para dar los golpes que, en la mayoría de los casos, planean los líderes desde las cárceles.
En el mismo sentido, este viernes también desde el Tribunal Oral n°4 se le solicitó “al titular de la Unidad Carcelaria N° 28 de Magdalena que de inmediato, mediante procedimiento eficaz y apegado a la reglamentación vigente, de conformidad con el ámbito de sus atribuciones: proceda a informar respecto del teléfono celular del interno Fernández, Esteban Alexis», ingresado a ese penal por otro delito, pero también relacionado a la banda investigada.
“Una vez recabada la información solicitada, se proveerá lo que por normativa vigente corresponda”, indica el texto judicial.
Según lo indicó en el texto en el que ordena la prohibición del uso de teléfonos celulares para los cuatro detenidos, la jueza Rodríguez Mentasty indica que la medida “tiene un propósito cautelar, en la medida que se dirigen exclusivamente a interrumpir u obstaculizar la continuidad del hecho ilícito objeto del proceso, sobre todo cuando la maniobra que se investiga supondría un hecho complejo, que se habría cometido de manera continuada desde distintas unidades carcelarias”.
De esta manera, sobre Miguel Ángel Viera, Ramiro Emiliano Julio, Thiago S. y Santiago Paz se definió:
- La prohibición absoluta de uso, tenencia, acceso directo o indirecto a teléfonos celulares o cualquier dispositivo con capacidad de comunicación electrónica y/o conexión y acceso a internet o redes de datos, cualquiera sea su modalidad o tecnología, exceptuando aquellas que cursen con sus abogados defensores.
- La instalación de bloqueadores o inhibidores de comunicación móvil.
- La requisa diaria, a los efectos de constatar que no posean teléfonos celulares y/o dispositivos electrónicos.
- La prohibición expresa de que terceros intermedien, faciliten o gestionen el ingreso de dispositivos móviles y dispositivos electrónicos destinados a los internos, bajo apercibimiento de las sanciones que correspondan.
Al enterarse de la decisión judicial, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, manifestó: “Hay que prohibir de manera urgente el uso de celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Lo contrario se está transformando casi en una burla: detener y privar de la libertad tiene, entre otros, el objetivo de alejar el peligro de la sociedad. Con este uso de los celulares, sigue la impunidad, no se preserva a los ciudadanos y se engaña a la sociedad con una falsa idea de justicia”.
“Detenemos delincuentes y siguen delinquiendo desde la cárcel. El sistema penitenciario bonaerense sigue permitiendo que las cárceles funcionen como verdaderas oficinas del delito”, enfatizó.
La Banda del Millón
La Banda del Millón está detrás de al menos una docena de violentos asaltos en casas de la zona norte del Conurbano bonaerense. La modalidad elegida era el escruche. Poco les importaba si el lugar estaba habitado, aunque nunca el trabajo fue improvisado. De hecho, los trabajos de inteligencia eran comandados por el propio Brandon. No actuaban al azar.
Entre sus golpes más recordados se cuentan los asaltos a las viviendas del periodista Ángel “Baby” Etchecopar y al hermano del intendente de San Isidro, Ramón Lanús.
El grupo realizaba tareas de inteligencia previas para determinar horarios y sistemas de seguridad, identificando domicilios mediante plataformas digitales y redes sociales. Los investigadores señalaron que menores de hasta 12 años se encargaban de tareas de vigilancia, como simular entregas para detectar la presencia de moradores.
La misma organización ha sido vinculada al asesinato del empresario Jorge De Marco, hallado maniatado y golpeado en marzo de 2024. Brites, además, estuvo alojado en una cárcel de menores, acusado de un asesinato cometido cuando tenía 17 años en la villa La Cava.
Las víctimas de estos robos solían ser adultos mayores, algunos de más de ochenta años, quienes eran intimidados y en ocasiones agredidos físicamente para obtener información sobre bienes de valor.
