Roque Sáenz Peña era un conservador aristócrata de pura cepa, que a los 59 años había llegado a la presidencia gracias al fraude pero que se había propuesto terminarlo. Por cuestiones de salud, vivió en la Casa Rosada, donde hacía vestir a sus ordenanzas con un uniforme de los tiempos del rey Luis XIV. Rápidamente la calle apodó a este consumado gourmet y experimentado catador de vinos como Roque I. En 1887 se había casado con la mendocina Rosa Isidora González, siete años menor, que siendo primera dama tenía la costumbre de viajar en tranvía como una más.
Había peleado contra Bartolomé Mitre en la revolución de 1874, luchó como voluntario en la Guerra del Pacífico en el ejército peruano donde, gracias a su valerosa actuación, sería distinguido como general honorario de ese país. Como diplomático impuso el concepto de “sea América para la Humanidad”, en contraposición a la doctrina Monroe y tuvo mucho que ver con la creación de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Pudo ser presidente antes, pero una jugada de Julio A. Roca hizo que su padre lo fuera. Roque se retiró de la política y regresó cuando su progenitor renunció. Finalmente, el 12 de octubre de 1910 asumió la primera magistratura. Y promovió una ley para hacer elecciones más transparentes.
Los cambios en el sistema electoral
Algunos sostienen que el primer fraude fue en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, donde de los 400 vecinos convocados, solo pudieron votar 251. En 1821 se había establecido el sufragio universal y el voto calificado, en el que se exigía ser propietario. Votaba poquísima gente y era usual que en la campaña nadie se enterase. La Constitución sancionada en 1853 proclamó la soberanía popular y el sufragio universal para los adultos masculinos. Las parroquias eran las que determinaban las secciones electorales y poco a poco fueron apareciendo los clubes políticos.
Hasta 1863 no existía un padrón elaborado previamente, sino que antes del comienzo de la elección, se organizaba la lista de votantes. Para ello, debían acreditar domicilio en esa parroquia y estar inscripto en la Guardia Nacional. Solo votaba entre el 2 y el 3% de la lista y casi siempre todo terminaba en forma violenta, ya que cada club político armaba su fuerza de choque con peones, carreros, desocupados y estudiantes que se iniciaban en política.
En esas instancias, se repetía el siguiente diálogo: “Vengo a decirles que me llamo Gómez pero en la papeleta me pusieron Pérez; ¿Por quién va a votar usted? Por el candidato oficialista. Ah, entonces no importa”.
Las estrategias de un voto poco transparente
Se votaba en los atrios de las iglesias, en los frentes de los juzgados de paz o en dependencias municipales. En esas elecciones la constante era la unanimidad de los sufragios del partido gobernante. Se formaban grupos que votaban de parroquia en parroquia. Lo mismo se repetía en el campo. También había individuos que votaban más de una vez en el mismo lugar.
La gente que se anotaba en distintos registros y el voto de los muertos eran prácticas comunes usadas por los candidatos para imponerse. Tampoco era extraño que al final del comicio el número de votantes en una mesa superase al registro. Y si la elección venía adversa al partido de turno, de pronto aparecían con una urna nueva y la original desaparecía. Hay cientos de anécdotas, como el episodio ocurrido en la parroquia de San Bernardo. Allí, votaron 200 personas pero el recuento dio 1500 votos para el oficialismo.
Luego del recuento de votos y del número de votantes y asentar los datos en un acta, se proclamaba a viva voz el nombre del ganador. Los resultados se enviaban a la legislatura. Hubo casos que, ante una sorpresiva victoria opositora, en la misma legislatura se cambiaba el nombre del ganador por el que debía haber triunfado.
Votos comprados
Los votos se compraban. Luego de votar, el hombre recibía un vale que cambiaba por dinero en el comité. Para ello se llevaba un minucioso registro de estas personas, que eran usadas en mesas donde la elección venía reñida.
Las autoridades de mesa eran seleccionadas entre los propios vecinos. Dos eran elegidos por sorteo y otros dos nombrados por la legislatura. Recién en 1873 los partidos políticos sumaron a los fiscales y se cambió el voto oral por la boleta con los datos del sufragante y con los nombres marcados de los candidatos a votar. No se votaba por listas, sino por nombres.
La primera ley sobre el régimen electoral fue la 140, de 1857, que establecía el voto calificado. El requisito para votar era ser mayor de 21 años. No podían hacerlo ni los sordomudos ni los funcionarios eclesiásticos. La ley 207, de 1859, bajó la edad a 18 años y establecía el sistema de lista incompleta. Además, el voto no era obligatorio.
Un mes antes de asumir, Sáenz Peña se reunió en secreto con el principal líder de la oposición, Hipólito Yrigoyen. Temía un estallido popular por la práctica indiscriminada del fraude y estaba convencido de que el radicalismo había sido sobrevalorado y que no tenía el peso que se le adjudicaba y que se le podía ganar.
Ambos líderes se vieron a comienzos de septiembre de 1910 en la casa que el diputado nacional por Tucumán, Manuel Paz, poseía en la calle Viamonte. Ahí Sáenz Peña le aseguró que su intención era de imponer una reforma electoral. Yrigoyen le propuso la intervención de las 14 provincias para neutralizar la influencia de los gobernadores, manejados por lo que él llamaba “el Régimen”, elegidos por métodos fraudulentos. Sáenz Peña se negó y le ofreció dos ministerios al radicalismo. “El Partido Radical no busca ministerios. Únicamente pide garantías para votar libremente en las urnas”. El presidente electo le dijo que se usará el padrón militar y el líder radical le aseguró que si el gobierno brindaba las garantías, concurrirían a las urnas. Yrigoyen le dijo entonces a un amigo: “En 1916 somos gobierno”.
Desde Europa, el salteño Indalecio Gómez recibió un telegrama de su viejo amigo Sáenz Peña, en el que le decía que había sido electo presidente y que le ofrecía el ministerio del interior. Cuando le preguntaron por qué lo había elegido, dijo: “Nunca lo quiso a Roca”.
Gómez era un ferviente católico que fue diputado nacional y tuvo bastante que ver en la organización de la Facultad de Filosofía y Letras y del Museo Etnográfico. Fue uno de los más entusiastas defensores de la Encíclica Rerum Novarum, que apuntaba a la situación de la clase trabajadora, y fundó la Unión Católica. Allí se relacionó con José Manuel Estrada, Pedro Goyena y Emilio Lamarca.
La ley del voto universal, secreto y obligatorio, el caballito de batalla de Sáenz Peña, necesitaba de una mente esclarecida y sólida para defender el proyecto en el Congreso. Gómez era la persona indicada. Para él, el proyecto era “la revolución por los comicios”.
Las dos leyes que precedieron a la llamada Sáenz Peña son la 8129, que establecía el enrolamiento obligatorio y unificación de los registros electorales con los militares, y la 8130, que encomendaba a los jueces la formación de los padrones.
El Poder Ejecutivo envió el 11 de agosto de 1911 el proyecto de voto secreto y obligatorio, y el sistema de lista incompleta, que adjudicaba a la primera mayoría los dos tercios y a la segunda mayoría el tercio restante. Favorecía la representación proporcional a fin de darle posibilidades a las agrupaciones menores.
“Sé que estoy en lucha con la rutina y con los intereses que se defienden”, fue lo primero que expresó mirando a la oposición, en esas larguísimas sesiones en el Congreso donde defendió el proyecto de ley.
El discurso del diputado clave
Cuando le tocaba exponer, se paraba, inclinaba levemente el cuerpo hacia adelante y hablaba en voz baja. A veces era dificultoso escuchar a ese brillante orador que esgrimía sólidos argumentos. “El espíritu cívico está muerto, nuestra democracia es nula; el pueblo no vota” y remarcó el descreimiento de la gente porque sabe que sus representantes no fueron elegidos en comicios sanos, “sino por un sistema corrupto y desfigurado”. Sostuvo que tres grandes males padecían el país: “la abstención, el fraude y la venalidad”. Denunció que el pueblo no elegía sino que lo hacía una “máquina” electoral y que el mal que aquejaba al país era la abstención.
En el mismo orden dijo que no se habían formado partidos populares porque no había libertad en los comicios. La batalla que dio en ambas cámaras rindió sus frutos.
El 24 de noviembre de ese año se aprobó en general, por 49 contra 32 votos. El tratamiento en particular se prolongó hasta el 20 de diciembre. Diputados rechazó el voto obligatorio y pasó al Senado donde se insistió en la obligatoriedad y así la aprobó la cámara baja. Sancionada el 10 de febrero de 1912, fue promulgada el 13. Llevó el número 8871.
Desde su implementación en 1912 hasta las elecciones de 1928, la Unión Cívica Radical obtuvo el primer lugar.
El creador de la urna
Lo siguiente que se pensó es en la urna a usarse. El gobierno nacional llamó a un concurso, en el que se presentaron más de mil modelos. La condición para su confección era que debía ser segura, resistente y fácil de manejar. El ganador fue Tito Pedro José Bottai, quien entre 1928 y 1930 fue intendente de Esperanza, en Santa Fe.
La primera vez que se aplicó la ley fue el 31 de marzo de ese año para elegir gobernador y vice de la provincia de Santa Fe. En este estreno, resultó ganador el radical Manuel Menchaca con el 40% de los votos. La primera elección presidencial fue el domingo 2 de abril de 1916, en la que se impuso el radicalismo. Así se cumplió el vaticinio de Yrigoyen.
