El Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, oficializó los aumentos en las recompensas ofrecidas por dos peligrosos delincuentes. Uno de ellos fue identificado como Sergio Eduardo Giménez, quien es buscado desde 2015 por haber abusado por años de su hijastra con ayuda de su pareja, mientras que Maximiliamo Ariel Liquitay es investigado por ser un capo narco.
Los incrementos quedaron plasmados en las resoluciones 87/2026 y 88/2026, que fueron publicadas esta madrugada en el Boletín Oficial. Así, las autoridades comunicaron que las personas que brinden datos certeros sobre el paradero de Giménez recibirán 10 millones de pesos. En el caso de Liquitay, la cifra será de 5 millones.
“Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente, a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos”, dictaminaron.
Al mismo tiempo que se comprometieron a mantener bajo reserva la identidad de los informantes, aclararon que el pago se realizaría una vez que los datos fueran corroborados. Asimismo, el Ministerio de Seguridad Nacional decidirá la oficina estatal en donde se abonaría el pago.
De la misma manera, subrayaron que las personas que tuvieran la intención de acceder al monto ofrecido tendrán que cumplir con el requisito de no encontrarse vinculadas al hecho delictivo.
Violó a su hijastra con aval de su madre
Desde el 11 de noviembre de 2015 que sobre Sergio Eduardo Giménez pesa una alerta roja de Interpol, luego de que fuera denunciado por su hijastra por haber abusado sexualmente de ella por años. Según estableció la Justicia, para cometer todos estos actos fue vital la ayuda de la madre de la víctima, Celia Sosa, quien era su pareja y ya fue condenada como coautora a 14 años en prisión.
De acuerdo con el relato de D., todo comenzó cuando tenía 8. “Ella una vez me despertó de los pelos de la cama y me dijo que haga cosas con él. Yo no quería“, declaró en Cámara Gesell en el año 2015, cuando tenía 15 años.
Para ese entonces, ya había sufrido un aborto y había logrado escapar de la casa, en donde convivía con sus abusadores. Ante la Justicia contó que Giménez había convencido a su madre de que esa era la única forma de salvarla, ya que supuestamente tenía un demonio adentro.
“Antes de dormir venía y me decía: ‘Vos no te duermas porque sabés lo que tenés que hacer.’ Ella a mí me abría las piernas y me pegaba con un cinto de punta. Tuve que hacer cosas. A veces me tenía toda la noche. A veces usaba preservativo, a veces no. Cuando empecé a menstruar ahí siempre usaba“, detalló sobre el calvario que sufrió todas las noches.
Otro de los datos escalofriantes de la historia recayó en los antecedentes penales de su abusador, debido a que había sido condenado en 2013 por abusar sexualmente de su hija biológica, previo a que iniciaran los ataques. Sosa sabía de la condena y, pese a esto, lo acompañó a fugarse a Paraguay, en donde tendría tierras.
Allí, D. contó que su situación empeoró. No obstante, pudo escapar con ayuda de una vecina, que se comunicó con una prima hermana de su madre. Ella radicó una denuncia en Formosa y, al tiempo, la joven pudo regresar al país.
La abuela paterna de la adolescente también fue crucial en el proceso, ya que impulsó una denuncia penal. De esta manera, Sosa logró ser juzgada ante el Tribunal Oral Criminal N° 27 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aunque la defensa alegó que tenía problemas de comprensión, los jueces no dieron como válido el argumento.
Incluso, la mujer no negó el relato de su hija, pero sí trató de convencerlos de que la menor tenía “un demonio adentro” y que no habría participado de los actos. Sin embargo, las pericias practicadas a D. determinaron que su relato era concluyente, por lo que los golpes que le había propinado quedaron probados para la Justicia.
Está condenado por ser el capo de una banda narco, pero se fugó
En el caso de Maximiliano David Liquitay, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta lo había condenado a 9 años y medio de prisión, por haber sido encontrado culpable de gestionar los vehículos que utilizaba la banda narco que lideraba.
“Se encuentra investigado por ser considerado coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado”, indicaron las autoridades, tras indicar que el pedido de captura internacional fue activado el 12 de enero de 2024.
El caso se destapó en 2023, cuando un camión con 418 kilos de cocaína ocultos fue descubierto al ingresar desde la frontera con Bolivia. Junto con él, fueron condenadas otras tres personas.
Santos Pascual Yufra, señalado como el chofer del camión que transportaba la droga, recibió la misma pena que el capo narco, y el acompañante del conductor, Fernando Ariel Ramírez, recibió una pena de 7 años en prisión.
El conductor del vehículo puntero de la banda, identificado como Darío Ezequiel Giménez, fue sentenciado a 8 años y medio, mientras que la pareja de Yufra también fue sometida a proceso y terminó absuelta.
