La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) reportó la fiscalización de 13.800 vehículos en Pinamar, donde detectaron 207 infracciones durante operativos en la zona de La Frontera y los accesos al municipio.
Las acciones respondieron al compromiso de las autoridades por sancionar conductas irresponsables al volante y disminuir los riesgos para habitantes y turistas. Entre las infracciones, la ANSV informó 79 casos de alcoholemia positiva, con registros máximos de 1,93 y 1,91 g/l, además de 40 conductores sin documentación obligatoria y 13 vehículos sin patentes o con patentes adulteradas.
Los controles, realizados junto a la provincia de Buenos Aires y el municipio de Pinamar, abarcaron todo tipo de vehículos y contemplaron verificación de documentos, condiciones de circulación y pruebas de alcoholemia. Frente al alto tránsito y las actividades recreativas, la conducción temeraria incrementa el riesgo de incidentes graves.
La ANSV reforzó su intervención en la vía pública para prevenir situaciones que comprometan la seguridad vial en la región y en todo el territorio nacional.
Desde el sábado pasado, el intendente local, Juan Ibarguren, determinó la realización de nuevas medidas para endurecer los controles y sanciones.
Entre las disposiciones más relevantes, el municipio dispuso que quienes participen en picadas o realicen maniobras peligrosas en la zona enfrentarán multas que van de $5.000.000 a $15.000.000.
Quienes provoquen accidentes deberán hacerse cargo del pago total de los gastos de salud y seguridad derivados de sus acciones imprudentes.
El jefe comunal anunció que se presentarán denuncias penales contra quienes intenten evadir los controles y, en conjunto con autoridades judiciales y de seguridad nacionales, se procederá a la inhabilitación de licencias de conducir a quienes infrinjan la normativa.
Las nuevas reglas aplican a camionetas, UTVs, cuatriciclos y cualquier otro vehículo que incurra en infracciones. Estos vehículos serán secuestrados e incautados por las fuerzas de seguridad. El municipio ya organizó seis operativos en accesos, egresos y todo el frente de ruta para reforzar los controles.
Ibarguren subrayó que no se permitirá que “una banda de inadaptados arruine la temporada de verano” ni que “unos pocos vivos” perjudiquen a turistas y residentes.
“Si te crees que sos un capo por meterte en una propiedad privada a correr picadas, las vas a pagar. Si te parece piola darle un cuatriciclo o UTV a un menor de edad, hay consecuencias”, enfatizó.
El caso Bastian Jérez
El domingo 14 de enero, en Pinamar, Bastian Jérez, de 8 años, viajaba en un UTV junto a su padre, dos hermanas y la conductora del vehículo, cuando colisionaron con una camioneta Volkswagen Amarok.
Como consecuencia del choque, el niño sufrió múltiples fracturas de cráneo y otras lesiones graves que motivaron su traslado al Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata. Allí fue sometido a varias cirugías y permaneció internado en estado crítico.
Su último parte médico informó que continúa en estado crítico, aunque presentó una leve mejoría. El instituto médico informó que, tras someterlo a una quinta operación, el menor permanece estable en los aspectos clínicos y hemodinámicos, con respiración asistida y sin necesidad de medicación para sostener la presión arterial.
“Está afebril, presentando respiraciones espontáneas y respuesta parcial a estímulos”, detalló en un comunicado el Ministerio de Salud de la provincia. Por último, precisaron que el nene continúa con antibiótico e internado en la Unidad de Terapia Intensiva.
Respecto a la causa, el Juzgado de Garantías Departamental de Villa Gesell resolvió el secuestro de una camioneta Volkswagen Amarok y el vehículo todo-terreno Can-Am Maverick (UTV), junto con sus sistemas electrónicos y manuales de usuario, en el marco de una causa que investiga lesiones culposas.
La medida, ordenada el 21 de enero de 2026, responde a un pedido realizado por el fiscal Sergio Germán García, quien argumentó la necesidad y urgencia de preservar los rodados y acceder a información almacenada en los dispositivos electrónicos de los vehículos.
Según el documento judicial, el Ministerio Público Fiscal solicitó la conversión en secuestro de la incautación para asegurar pruebas fundamentales para el avance de la investigación.
