La Justicia confirmó este jueves la identificación de nuevos restos de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar, cuyos cuerpos fueron hallados en terrenos cercanos al ex centro clandestino de detención La Perla, en la provincia de Córdoba.
El anuncio fue validado por el Juzgado Federal N°3, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, y los nombres de las víctimas serán revelados en una conferencia de prensa prevista para la próxima semana.
Según pudo saber Infobae, en este hallazgo se habrían encontrado al menos diez personas y se está poniendo en conocimiento a las familias. Se trata del segundo grupo de identificaciones logradas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) junto al Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba en el marco de los trabajos iniciados en 2025 en la zona conocida como Loma del Torito, dentro del predio de la Guarnición Militar de La Calera.
La razón del intervalo entre la confirmación judicial y la divulgación pública de los nombres responde a un protocolo establecido en este tipo de casos. La dinámica habitual consiste en notificar primero a las familias, darles tiempo para procesar la noticia y aguardar su consentimiento antes de difundir la información. Ese mismo criterio se aplicó en la ronda anterior de identificaciones.
Esa primera tanda, revelada en marzo pasado, dio a conocer la identidad de 12 personas secuestradas y asesinadas entre 1976 y 1977, cuyos restos también fueron recuperados en Loma del Torito. Aquellos resultados fueron posibles gracias a la intervención conjunta del EAAF, el Instituto de Medicina Forense y el Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con la validación del mismo juzgado federal que ahora certifica el nuevo grupo.
Entre las víctimas identificadas en marzo figuraron José Nicolás Brizuela, abogado y obrero secuestrado en su domicilio del barrio Residencial América el 25 de octubre de 1977; Raúl Oscar Ceballos Cantón, estudiante de Ingeniería y trabajador de FIAT Materfer; Eduardo Jorge Valverde Suárez, delegado de la Federación Universitaria oriundo de Mendoza; y Mario Alberto Nívoli Gauchat, de Ucacha, cuya hija recibió la confirmación 49 años después de su desaparición.
También fueron reconocidos Carlos Alberto D’Ambra Villares, profesor de educación física capturado en la terminal de buses de la capital provincial a los 23 años; Alejandro Jorge Monjeau López, estudiante de arquitectura oriundo de Mar del Plata; Sergio Julio Tissera Pizzi, trabajador aeronáutico con dos hijos; Elsa Mónica O’Kelly Pardo, estudiante de arquitectura secuestrada a los 18 años; Oscar Omar Reyes y Ramiro Sergio Bustillo Rubio, ambos capturados el 18 de octubre de 1977 bajo órdenes del entonces comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. El duodécimo caso no fue divulgado a pedido de la familia.
Durante la conferencia de prensa de marzo, algunos familiares tomaron la palabra. El hijo de Brizuela describió la noticia con una imagen que resumió lo que significa para muchas familias: “Ahora es como decir ‘volvió mi papá’. No tengo que ir más a dar vueltas con una pancarta”, afirmó. El hijo de Valverde Suárez, por su parte, rechazó la idea de una herida cerrada: “A veces me preguntan si cerré las heridas. No, yo quiero que se vea esa sangre. Quiero que esa sangre se vea y que las generaciones futuras estén ahí viéndolas”.
Los trabajos de campo que condujeron a ambos grupos de identificaciones arrancaron en 2025 y fueron ordenados por el Juzgado Federal N°3. La prospección del terreno combinó testimonios de sobrevivientes, imágenes satelitales, tecnología LiDAR —detección por pulsos de luz láser— y fotografías aéreas históricas de 1979 provistas por el Catastro de la Municipalidad de Córdoba.
En el predio de Loma del Torito, los investigadores localizaron fragmentos óseos como fémures y partes de cráneos. El EAAF lleva cerca de 20 años de trabajo sistemático en la búsqueda de restos vinculados a los desaparecidos de la dictadura.
La Perla funcionó como uno de los principales espacios de represión ilegal entre mediados de 1976 y fines de 1978, bajo la órbita del Tercer Cuerpo del Ejército. Se estima que por ese centro clandestino pasaron entre 2.200 y 2.500 personas. La primera evidencia material de restos humanos en el predio fue confirmada por la Justicia Federal el 26 de septiembre de 2025, casi cinco décadas después de los crímenes allí cometidos.
En la causa interviene la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Córdoba, con la participación de los auxiliares fiscales María Laura Bazo Queirolo y Facundo Trotta. Según pudo saber Infobae, el martes 12 de mayo, el juez Vaca Narvaja presidirá la conferencia de prensa en la que se darán a conocer los nombres de las 11 nuevas personas identificadas.
