¿Cómo se relaciona un grupo de personas de entre 25 y 64 años, en diversos puntos del conurbano y CABA, y de dedicaciones diversas, tales como inversiones cripto, el rubro inmobiliario, la mensajería, servicios de masajes y la contaduría?
Estos puntos debieron unir los detectives de la Policía de la Ciudad que desbarataron una organización dedicada a las estafas virtuales y operatorias financieras ilícitas, comandada por “nenes bien” del AMBA y algunos miembros de sus familias.
La investigación se originó en Puerto Madryn, en 2023, con la denuncia de una mujer que invirtió más de 100 millones de pesos. Tras un mes de obtener ganancias, el dinero nunca fue devuelto, aseguró la damnificada. No era la única: el Ministerio Público de Chubut estima que son 200 las víctimas de la banda que orquestó un esquema Ponzi.
Los imputados ofrecían invertir en sociedades fantasmas mediante la compra de acciones y también en empresas que cotizan en la Bolsa. Se trataba de “empresas mulas”, creadas legalmente, aunque con el objetivo de hacer millonarias ganancias mediante estas estafas.
Además, crearon una app ficticia donde los damnificados podían ver falsos movimientos financieros de las empresas en las que supuestamente habían invertido.
El trabajo de los efectivos de la fuerza de seguridad porteña permitieron detectar operatorias asociadas al uso de tecnología blockchain, trazabilidad de activos digitales y movimientos financieros de presunto origen ilícito.
A nombre de uno de los imputados, identificado como M.A., de 27 años, se encuentra una sociedad que alienta las inversiones a través de tokens en supuestos desarrollos inmobiliarios, complejos de padel y futbol, paneles solares y yerba mate.
Otra de las sociedades conformadas por otros dos involucrados, L.J.A., de 27 años y A.S., de 34, destinada a la venta de insumos electrónicos, lleva un nombre similar a Rainbowex (Rainbow Exchange), una supuesta criptomoneda que fue sido identificada como estafa piramidal y esquema Ponzi que afectó a miles de personas en San Pedro.
V.L., de 26 años, junto a su padre, M.L., tiene a su nombre una empresa desarrolladora inmobiliaria, supuestamente ubicada sobre avenida Libertador, en Vicente López, con un sitio que muestra muchos proyectos en curso, que no comenzaron, y otros futuros. Ninguno terminado. Ofrecen, además, propiedades en Miami y alquileres temporarios.
Padre e hija fueron objeto de uno de los procedimientos que se desarrollaron en 21 domicilios. Ocho presuntos responsables del fraude fueron imputados y, uno de ellos quedó detenido por un pedido de captura vigente requerido por la Justicia de La Rioja.
Asimismo, se secuestraron USD 250.000, moneda nacional, criptoactivos, dispositivos informáticos y documentación de interés para la causa, elementos que serán objeto de análisis.
“Cuando el ofrecimiento de ganancia supera los niveles de ganancia financiera actuales, hay que desconfiar”, dijo en confencia de prensa Fernando Rivarola, fiscal especializado en Cibercrimen de Puerto Madryn, en conferencia de prensa, acompañado por el procurador general de la provincia Jorge Miquelarena.
Sobre la primera víctima, Rivarola señaló: “Es una mujer de clase media trabajadora que nos dijo: ‘No solo me sacaron mis ahorros de toda la vida, sino también la herencia de mis padres y el futuro de mis hijos’”.
Estructura de la organización
De acuerdo a la causa, la organización operaba bajo una fachada de academia de negocios dedicada a la supuesta intermediación financiera para captar un número masivo de inversores.
Su arquitectura se divide en varios niveles operativos diseñados para el anonimato y la legitimación de activos:
- Nivel de Captación Digital: Utilizan plataformas de mensajería (como grupos cerrados de WhatsApp) supervisados por perfiles falsos para atraer víctimas e instruirlas en la realización de transferencias.
- Primer Escalón Financiero (Recaudación): Los fondos de las víctimas ingresan a una red de sociedades comerciales e individuos que actúan como receptores iniciales. Estas estructuras societarias son constituidas formalmente para brindar una apariencia de legalidad a la apertura de cuentas bancarias y billeteras virtuales.
- Segundo Escalón (Dispersión de una parte del flujo del dinero ilegal): Una vez recibido el dinero, se activa un proceso de fragmentación inmediata (“enjambres de cuentas”) donde los fondos circulan entre múltiples cuentas propias y de terceros en lapsos de escasos minutos para dificultar su rastreo.
- Mecanismo de Conversión (“Rulo”) respecto del flujo de dinero ilegal ingresado en cuentas de las empresas diseñadas: La organización utiliza un esquema de triangulación financiera donde abonan facturas o servicios de terceros ajenos mediante transferencias electrónicas a cambio de recibir dólares estadounidenses en efectivo. Este método permite convertir el dinero ilícito en divisas líquidas.
- Infraestructura Tecnológica: Operan mediante correos electrónicos creados específicamente para gestionar las cuentas financieras, utilizando servicios de anonimización digital, VPN o conexiones desde lugares públicos para ocultar la ubicación real de los operadores.
La investigación comprobó, además, maniobras de lavado de dinero. Los investigadores descubrieron la “Ruta del Dinero Digital”, a través de la cual la banda transformaba el capital obtenido de las estafas en activos digitales y detectaron, al mismo tiempo, maniobras financieras ilícitas, como la compra de autos y la importación de electrodomésticos para luego vender online.
Uno de los imputados era el responsable de la creación de empresas fantasmas, otros dos eran los encargados de crear inmobiliarias para mover el dinero mediante alquileres de propiedades, mientras que otros figuraban como dueños de agencias de viajes y casas de turismo que funcionaban como cuevas financieras.
Todo este entramado permitía “limpiar” el botín obtenido de las estafas.
Los operativos contaron con la participación de brigadas de la Dirección Lucha contra el Cibercrimen, la División Investigaciones Tecnológicas Especiales y la División Innovación en Investigaciones Especiales.
Fueron 12 allanamientos en propiedades ubicadas en la Ciudad, en los barrios de Monserrat, Retiro, Saavedra, Villa Urquiza, Flores, Balvanera y Belgrano. Otros 9 operativos se hicieron en la Provincia de Buenos Aires, en las localidades de Ituzaingó, San Isidro, Merlo, Moreno, Morón, La Matanza y Almirante Brown.
