El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires creó el Registro de Perfiles Genéticos, una base de datos digital que cruzará las pruebas biológicas recolectadas en escenas del crimen con los perfiles de personas imputadas y condenadas por la Justicia. La medida, que deroga una norma de 2011 considerada restrictiva, amplía de forma sustancial las capacidades forenses del sistema judicial porteño.
El jefe de Gobierno Jorge Macri presentó la iniciativa en sus redes sociales como un “banco de ADN de delincuentes” y anticipó que el sistema permitirá cruzar muestras genéticas de distintas investigaciones para vincular casos que hasta ahora permanecían desconectados. “Vamos a poder cruzar el ADN de las escenas del crimen, identificar a los culpables y conectar investigaciones”, escribió Macri en su cuenta de la red social X. La medida se enmarca en una estrategia de seguridad que la gestión describe como prioritaria y que incluye operativos de saturación en barrios, el despliegue del Anillo Digital y acciones contra usurpaciones y vendedores ambulantes no autorizados.
El nuevo régimen fue aprobado en la Legislatura porteña mediante la sanción de la Ley 6.956, impulsada por la legisladora del PRO Gimena Villafruela. La norma deroga la Ley 4.114 de 2011, que limitaba el registro exclusivamente a condenados con sentencia firme por delitos contra la integridad sexual. Su aplicación quedará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.
Hasta la entrada en vigor de esta ley, la Ciudad contaba con capacidad tecnológica para extraer muestras biológicas de hechos delictivos, pero esa información permanecía aislada. Cada investigación debía comenzar prácticamente desde cero, sin posibilidad de conectar casos ni identificar reincidentes de manera sistemática. La nueva base de datos busca que las pruebas “dialoguen entre sí” de forma inmediata, según indica el comunicado oficial.
Uno de los cambios más notorios respecto al esquema anterior es la incorporación de imputados al registro, no solo de condenados. Bajo la nueva ley, los perfiles genéticos de personas investigadas podrán ser incluidos mediante expresa orden judicial, lo que permitiría acelerar el esclarecimiento de delitos sin aguardar una sentencia firme. El alcance también se extiende a cualquier tipología delictiva cometida en el territorio porteño, frente al universo acotado de la norma derogada.
El texto legal prevé, además, la incorporación de perfiles del propio personal de seguridad y Justicia: policías, peritos y funcionarios deberán registrar sus datos genéticos con el fin de identificar con rapidez muestras de descarte o contaminaciones accidentales en las escenas del crimen. De forma voluntaria, el sistema también podrá utilizarse para identificar personas desaparecidas, extraviadas o restos humanos sin identificar.
En materia de protección de datos, la ley establece que el Registro no almacenará información médica, historial de salud ni rasgos físicos de los individuos. Según el comunicado oficial, el sistema procesa exclusivamente ADN no codificante con fines identificatorios, funcionando de manera equivalente a una huella dactilar digital. Los perfiles están resguardados bajo la Ley 1.845 de datos sensibles, la identidad del individuo solo se revela ante una coincidencia positiva, y el sistema prevé sanciones penales ante filtraciones. Asimismo, el perfil genético será eliminado de forma inmediata ante una absolución o sobreseimiento firme.
Para la implementación técnica, la Ciudad adoptará el sistema CODIS —el mismo que emplea el FBI en Estados Unidos—, un estándar internacional de gestión de perfiles genéticos forenses. El principal antecedente considerado en los fundamentos técnicos de la ley fue la experiencia de la provincia de Mendoza, cuyo registro opera desde hace una década y es catalogado como el más desarrollado de América Latina.
Los números de Mendoza son el argumento empírico central detrás de la nueva norma porteña: 7 de cada 10 rastros biológicos levantados en escenas del crimen logran identificar a su autor. Más aún, el 75% de los autores identificados en delitos graves —homicidios y abusos sexuales— ya figuraban en esa base de datos por haber ingresado previamente a raíz de delitos menores o robos, lo que subraya el valor del registro para anticipar la reincidencia.
