El Hospital SAMIC de El Calafate, provincia de Santa Cruz, se encuentra bajo investigación por presunta negligencia médica, luego de que denunciaran la muerte de dos bebés en un plazo de diez días de diferencia. Según trascendió, los recién nacidos fueron atendidos en la Unidad de Neonatología durante el mes de abril.
Hasta el momento, existirían tres denuncias en dos expedientes diferentes, ambos en manos del juez penal Alberto Albarracín. Las dos primeras fueron radicadas por las madres de los bebés ante una Defensoría Oficial, que dio aviso a la Fiscalía de Instrucción local.
En el caso de la tercera denuncia, esta fue presentada por la neonatóloga María Victoria Bianchi, quien se encontraba desempeñando funciones como médica itinerante en el centro de salud público. No obstante, esta fue realizada en la Fiscalía de Córdoba, provincia en donde reside.
“Hice la denuncia porque me parece muy pertinente que la justicia intervenga por respeto a mí misma, a lo que viví en esos momentos y por respeto a los bebés muertos y a sus familias”, relató la especialista en un video compartido en su cuenta personal de Instagram. Asimismo, confirmó que la denuncia ya fue notificada a los tribunales de El Calafate.
De la misma manera, Bianchi instó a la sociedad y a sus pares a involucrarse en casos donde detecten que un niño estaría siendo víctima de violencia. “Es necesario para realizar cambios y evolucionar como sociedad adulta, que cuida y protege a los niños, muchas veces en situación de vulnerabilidad”, remarcó.
Ante las acusaciones, las autoridades del Hospital SAMIC confirmaron públicamente que llevan adelante una investigación interna para esclarecer los hechos y reafirmaron su compromiso con la calidad de atención y la seguridad de los pacientes.
De acuerdo con un comunicado difundido este viernes, la institución informó que está colaborando plenamente con las autoridades judiciales, poniendo a disposición toda la documentación e información solicitada. Asimismo, expresaron “su acompañamiento y solidaridad con las familias afectadas”.
Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre las medidas investigativas que se llevaron a cabo, ya que la investigación continúa en curso, según la información publicada por La Opinión Austral. De la misma manera, se mantiene bajo reserva la identidad de las familias damnificadas.
A pesar de que deslizaron que la causa de la muerte de los bebés habría sido provocada por causas diferentes, desde Tiempo Sur indicaron que las familias comenzaron a tener sospechas y solicitaron que sean investigadas en profundidad.
En principio, la investigación estaría orientada a descartar si existieron fallas humanas en el cuidado y tratamiento de los bebés durante sus internaciones en el área de Neonatología. Además, habrían descartado la posibilidad de que hubieran sido provocadas por un virus intrahospitalario.
El caso de la enfermera condenada por las múltiples muertes de bebés recién nacidos en Córdoba
El episodio tomó relevancia casi un año después de que la enfermera Brenda Aguero fuera condenada a prisión perpetua por el asesinato de cinco bebés y el intento de homicidio de otros ocho, que fueron sus pacientes en el Hospital Neonatal de Córdoba. Así, se sentó un precedente inédito en la historia criminal y penal argentina.
Los ataques ocurrieron entre el 18 de marzo y el 7 de junio de 2022, aunque la denuncia formal ante la Justicia se presentó un mes después de la última muerte. El ingeniero Francisco Luperi, esposo de una médica de guardia, fue quien llevó la situación a los tribunales tras escuchar de su pareja los sucesos que estaban ocurriendo en el hospital. El primer día de la cronología se registraron dos ataques: V.U.M., quien sobrevivió, y Francisco Calderón Cáceres, que falleció 11 horas después de nacer.
En el caso de Calderón Cáceres, aunque no se le practicó autopsia, los análisis de laboratorio realizados durante los intentos de salvarle la vida evidenciaron niveles elevados de potasio en sangre y una mancha de sangre en su vestimenta. Estos signos cobraron importancia meses más tarde, cuando una sucesión de muertes y descompensaciones inexplicables alarmó a los profesionales de la salud.
Durante el juicio se analizaron 13 casos, de los cuales solo a las últimas dos víctimas fatales se les practicó autopsia. Diversos cuerpos presentaban uno o más pinchazos en zonas no habituales para inoculaciones. En varios casos, los recién nacidos tenían niveles de potasio y/o insulina incompatibles con la vida, solo justificables por una inoculación externa. Asimismo, los peritos coincidieron en que no existía mecanismo fisiológico posible para que el propio organismo generara tal exceso.
Otro de los datos claves para arribar a la condena fue que la acusada tenía asignada exclusivamente la atención a las madres, sin razón para estar en contacto directo con los bebés. Sin embargo, se comprobó que fue la única persona presente en todos los episodios y que mantenía una “proximidad exclusiva” tanto con madres como con recién nacidos, llegando a quedar sola con ellos por momentos.
Así, la investigación del fiscal Raúl Garzón determinó que Agüero sustraía dosis de potasio e insulina de los llamados “carros de paro”, los cuales carecían de un control de inventario estricto. Inyectaba a los recién nacidos de manera aleatoria y en lugares distintos, un patrón que la acusación consideró compatible con la clandestinidad y fugacidad de los hechos ilícitos.
El caso activó las alarmas el 6 de junio cuando se produjeron cuatro descompensaciones de bebés en pocas horas. Los médicos que declararon en el proceso señalaron que nunca antes habían presenciado más de una muerte súbita o descompensación en recién nacidos en un mismo día, y menos aún cuatro casos en simultáneo. Esa jornada marcó un quiebre, ya que el hospital entró en crisis y se otorgó licencia a decenas de profesionales, incluida la propia Agüero.
Por otro lado, las muertes de Melody Luz Molina y Angeline Rojas fueron denunciadas de modo independiente respecto al resto de los casos, pero sus autopsias resultaron decisivas para esclarecer los hechos e identificar el mecanismo de los ataques.
La lista de acusados la completaron también incluyó a Diego Cardozo, ex ministro de Salud; Liliana Asís, ex directora del Hospital Materno Neonatal; Claudia Ringelheim, ex vicedirectora y jefa de Tocoginecología; Julio Escudero Salama, ex subdirector de Gestión Administrativa; Pablo Carvajal, ex secretario de Salud; Alejandro Gauto, ex jefe del Área Legales del Ministerio; Alicia Beatriz Ariza, ex jefa de Enfermería; Marta Gómez Flores, ex jefa de Neonatología; María Alejandra Luján, médica que firmó actas de defunción y habría tenido conocimiento de las muertes y no denunció; y Adriana Luisa Moralez, médica neonatóloga y coordinadora del Comité de Seguridad del Paciente.
Finalmente, el jurado mixto absolvió a Ariza, Luján, Ringelheim, Gauto y Cardozo. Sin embargo, los demás imputados fueron declarados culpables, tras considerar que habrían evitado “poner en conocimiento de la Justicia los casos que se venían sucediendo”, lo que fue interpretado como una “conducta encubridora” para ocultar y desaparecer “rastros y pruebas”.
