El jury de enjuiciamiento en Córdoba resolvió la destitución de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes durante casi 15 años condujeron la investigación por el asesinato de Nora Dalmasso en Río Cuarto sin lograr esclarecer el caso ni identificar a un responsable penal.
La decisión llegó tras un proceso histórico, marcado por testimonios, informes forenses y la revisión de pruebas fundamentales que, según la acusación, nunca fueron debidamente valoradas.
La causa Dalmasso, iniciada en noviembre de 2006, se convirtió en uno de los expedientes más complejos y cuestionados de la justicia argentina. Los tres funcionarios destituidos enfrentaron acusaciones por mal desempeño y negligencia grave, luego de que el fiscal Pablo Jávega identificara en 2024 al parquetista Roberto Bárzola como principal sospechoso gracias a pruebas genéticas nunca cotejadas en etapas anteriores.
Di Santo accedió al cargo de Fiscal de Instrucción en Río Cuarto en 2005, luego de un concurso público. Tomó el expediente desde el inicio del caso y mantuvo la instrucción hasta 2015.
En ese periodo, la investigación tuvo dos líneas principales: la primera apuntó a Gastón Zárate, obrero que trabajaba en la casa de la víctima y fue conocido públicamente como “El Perejil”. La segunda, al hijo de Nora, Facundo Macarrón.
Ambos fueron imputados y luego sobreseídos, aunque las acusaciones se sostuvieron durante varios años bajo lo que se denominó “sospecha leve”.
Di Santo dijo en el jury que “no hubo desidia” y negó haber ignorado la pista de Bárzola. Sin embargo, el expediente muestra que, pese a pedidos de la querella, nunca se ordenó el cotejo de ADN del parquetista, cuyo rastro genético fue identificado recién en 2024 en el cinto de la bata utilizada para el estrangulamiento.
Tras su salida, Daniel Miralles asumió la investigación en 2016. Este impulsó una hipótesis que situaba al viudo, Marcelo Macarrón, como autor material del crimen, argumentando que habría viajado en secreto desde Punta del Este para cometer el homicidio y luego regresar a Uruguay.
Miralles -cuya trayectoria judicial incluye una denuncia por presunta extorsión en otro expediente- justificó la dirección de la investigación en la presencia de ADN del viudo en la escena y defendió que las pericias forenses hablaban de una “relación sexual consentida” previa al crimen.
El ahora ex fiscal también descartó la línea de investigación sobre Bárzola, sosteniendo que “no devenía ni pertinente ni útil volverse hacia ese lugar”.
En el jury, Miralles negó haber incurrido en negligencia y argumentó que no existían elementos sólidos para imputar al parquetista en ese momento.
El fiscal defendió esa decisión con un argumento que generó controversia. “En el caso de Bárzola, ya que estamos hablando tanto de Bárzola, ¿no se le designó abogado defensor? Así queremos trabajar. Se pidieron 30 ADN, pero esos 30 ADN eran la primera tanda. Había una lista hipotética de 200. Como dicen ahora vulgarmente, le vamos a pinchar el brazo al que pasaba por el golf para ver quién había sido. No, está mal”, sostuvo durante la audiencia.
Pizarro tomó el expediente en 2017, en un contexto de sobrecarga laboral y funciones múltiples, según destacó su defensa. Se dedicaba a causas por narcotráfico con cuatro cargos simultáneos y 75 personas a cargo.
Pizarro reformuló la acusación contra Macarrón, sosteniendo que el crimen fue cometido por un sicario contratado por el viudo. Un supuesto homicida por encargo al que nunca pudo identificar.
La hipótesis fue rechazada en el juicio oral de 2022 por falta de pruebas, y el propio fiscal de Cámara, Julio Rivero, solicitó la absolución del acusado.
Durante el jury, Pizarro cuestionó la validez de la prueba genética que involucró a Bárzola y defendió la credibilidad de la coartada del parquetista. Sostuvo que “la prueba de ADN contra Barzola es nula” y remarcó que la escena del crimen mostraba una “construcción deliberada”.
Lo concreto es que la acusación principal que llevó a la destitución de los tres fiscales radicó en la omisión de pruebas genéticas y testimoniales que, de haber sido cotejadas a tiempo, podrían haber permitido avanzar hacia el esclarecimiento del caso años antes.
Los informes del FBI incorporados al expediente señalaban perfiles genéticos ajenos a la familia Macarrón en el cinto de la bata y un vello púbico hallado en la víctima, y recomendaban investigar a fondo a los obreros que trabajaron en la casa, entre ellos Bárzola.
El fiscal Jávega, que tomó la causa a fines de 2022, realizó un mapeo genético sobre 200 personas con contacto reciente con la víctima. El cotejo permitió identificar el ADN de Bárzola tanto en el arma homicida como en el cuerpo de Nora Dalmasso.
Sin embargo, la causa se encuentra prescripta, y la posibilidad de un juicio penal depende de resoluciones pendientes en instancias superiores.
Así, el expediente Dalmasso, con más de 7.000 fojas, por el momento sigue abierto solo para un eventual juicio por la verdad.
