El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°25 sentenció ayer a prisión perpetua a un hombre de 29 años, identificado como Cristian Gabriel García, tras hallarlo culpable del asesinato de su pareja, Mariel Jiménez, en un departamento de Villa Lugano en mayo de 2024.
La decisión fue adoptada por los jueces Hugo Navarro, Marcelo Bartomeu Romero y Gustavo Alterini, quienes consideraron que el hecho constituye un homicidio doblemente agravado: por el vínculo de pareja y por haber sido cometido mediando violencia de género. El fallo también contempló una condena adicional por desobediencia a funcionario público, dado que García tenía vigente una prohibición de acercamiento a la víctima.
La sentencia fue dictada en línea con el pedido presentado la semana pasada por la fiscal interina María Luisa Piqué, a cargo de la Fiscalía N° 18 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional. Según se informó, los fundamentos completos de la resolución judicial serán dados a conocer el próximo 2 de julio.
En un caso que estremeció al barrio porteño de Villa Lugano, la investigación determinó que el femicidio ocurrió durante la mañana del 24 de mayo de 2024, en el domicilio de la víctima, ubicado sobre la calle Nicolás Dezcalzi al 5500. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos expuesta por la fiscalía, García ató de manos y piernas a Mariel, la colocó sobre la cama y le impidió respirar, provocando su muerte por asfixia. Se destacó que la víctima había denunciado previamente episodios de violencia de género y existía una orden de restricción vigente al momento del crimen.
Para los magistrados, resultó determinante el vínculo entre la víctima y el agresor, así como el contexto de violencia de género sostenido en el tiempo. El tribunal consideró probado que García violó la prohibición de acercamiento dispuesta en el marco de una causa previa por denuncias de Mariel.
El tribunal resolvió, además, absolver a García por los cargos de abuso sexual y amenazas coactivas que también figuraban en la acusación, al considerar que no se reunieron pruebas suficientes para sostener esos episodios.
En cuanto a las medidas reparatorias, el tribunal dispuso que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reciba la resolución para que pueda tramitarse la reparación económica prevista en la Ley N°27452 “Brisa”. Esta ley establece un régimen especial de compensación para hijos e hijas de víctimas de femicidio. De este modo, la hija de Mariel Jiménez podrá acceder a la protección prevista para menores afectados por hechos de violencia extrema.
La acusación sostuvo que, tras cometer el crimen, García llamó por teléfono a sus hermanos y les confesó que “se había mandado una macana”. Cuando sus familiares llegaron al domicilio, el condenado trasladó el cuerpo de Mariel, envuelto en una frazada, hasta el Centro de Salud y Acción Comunitaria N°3. Esta secuencia fue registrada por una cámara del Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad, lo que permitió reconstruir parte del recorrido.
Ya en el centro de salud, una médica detectó signos de violencia en el cuerpo de la víctima y dio aviso al 911. Al llegar la Policía, la madre de García declaró que su hijo “había encontrado así” a la joven. Poco después, el padre del acusado se presentó en el lugar y manifestó que su hijo “se había mandado una cagada y que se venía a entregar”.
De acuerdo con lo informado durante el debate oral, el propio García relató los hechos a un inspector policial durante su traslado a la Comisaría Vecinal N°8, aportando detalles sobre la mecánica del homicidio.
Según la fiscalía, el crimen evidenció un patrón de control y hostigamiento ejercido por García sobre Mariel. Testigos que declararon en el juicio señalaron que el condenado era “posesivo” y que la víctima “vivía con miedo”.
En mayo de 2022, Mariel había denunciado a García por episodios de violencia, lo que motivó la disposición de un botón antipánico y la asignación de custodia policial. Sin embargo, la fiscalía detalló que el acusado la presionó para que retirara las acusaciones. Como parte del proceso judicial, se ordenó una consigna policial en el domicilio y la prohibición de contacto. En octubre de 2023, la fiscalía había solicitado intensificar la protección, pero días antes del femicidio la comisaría resolvió levantar la consigna, dejando a la víctima sin custodia.
