La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló tres plantas clandestinas de envasado de agua que operaban en domicilios particulares en el sur del conurbano bonaerense. El procedimiento derivó en la clausura de maquinaria, el secuestro de cientos de bidones y tres imputados.
Las autoridades recibieron varias denuncias anónimas y de acuerdo con lo que pudo saber Infobae, alertaban sobre la existencia de inmuebles residenciales convertidos en instalaciones de tratado y embotellado irregular de agua presuntamente potable; y el producto era distribuido principalmente en los partidos de Lomas de Zamora, Ezeiza y Esteban Echeverría.
Las diligencias fueron ordenadas por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Armella, quien ordenó llevar a cabo los allanamientos. Participaron la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Ezeiza, perteneciente a la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación de la PFA, junto a técnicos especializados del Departamento Delitos Ambientales de la institución.
Los especialistas tomaron muestras al azar en cada uno de los tres inmuebles para su posterior análisis químico y de esta manera poder determinar la potabilidad del agua y evaluar las condiciones bromatológicas e higiénicas de los espacios.
A partir de los operativos realizados este lunes, pudieron determinar que ninguna de las tres fincas contaba con las habilitaciones ni la documentación requerida para desarrollar esa actividad, y el relevamiento detectó que no se estaban cumpliendo las condiciones de limpieza e higiene exigidas por la normativa vigente.
A eso se sumó otro agravante: las instalaciones arrojaban sustancias químicas a la vía pública, lo que representaba un riesgo directo para la salud de los vecinos del área.
El magistrado ordenó de inmediato la clausura de toda la maquinaria interviniente que implicó el secuestro de 600 bidones plásticos de 20 litros —100 de ellos con agua—, tres teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.
Las máquinas quedaron inutilizadas y los bienes incautados pasaron a disposición del juzgado. La intervención estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y contó con supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional.
Tras el operativo dos hombres de 62 años y una mujer de 39 quedaron imputados, a disposición del juez, por presunta infracción a la Ley 18.284, que regula el Código Alimentario Argentino, y por el artículo 172 del Código Penal, que tipifica el delito de estafa.
Una carnicería era la fachada de una venta clandestina de droga
Una investigación por abigeato —robo y faena ilegal de ganado— derivó en un hallazgo inesperado: 109 kilos de marihuana distribuidos en 181 panes dentro de un freezer de una carnicería del Departamento Iriondo, en la provincia de Santa Fe. La Fiscalía Federal formalizó la imputación contra los dueños del local, una pareja detenida en la localidad de Andino, y contra un tercer acusado, el hermano de la mujer.
El operativo inicial fue producto de una denuncia recibida por la Guardia Rural Los Pumas, que alertó sobre el robo de ganado. Las autoridades llegaron al comercio, acompañadas por una bromatóloga de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAl). En la parte trasera del local, dentro de uno de los congeladores, encontraron una bolsa negra con envoltorios rectangulares sellados con cinta adhesiva. Especialistas de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), convocados de urgencia por la Fiscalía de San Lorenzo, confirmaron que se trataba de estupefacientes.
Además de la droga, el operativo arrojó el secuestro de 439 kilos de carne vacuna, 80 kilos de carne porcina, embutidos y achuras —todo desnaturalizado por irregularidades sanitarias—, y una carabina calibre .22 con 18 cartuchos. La Justicia Federal tomó la causa y los fiscales Federico Reynares Solari y Matías Mené, de la Unidad Fiscal Rosario, ordenaron la detención de un primer sospechoso: Adrián Gustavo G., de 32 años, hermano de la imputada principal y presente en el local al momento del allanamiento.
Semanas después, la PDI realizó tres allanamientos adicionales en domicilios del partido que arrojaron más droga, plantas de cannabis, cocaína, balanzas de precisión, cuatro celulares, una máquina contadora de billetes y $66.640 en efectivo. La pareja propietaria del comercio fue detenida en Andino y llevada ante el juez de garantías Carlos Vera Barros, quien dispuso 60 días de prisión preventiva para ambos por tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas.
El antecedente del hombre pesó en la decisión judicial: registra una condena previa a cinco años de prisión por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, pena que cumplió y de la que quedó en libertad el 4 de mayo de 2024.
