El crimen de Diego Xavier Guastini, financista, cuevero, buchón y el encargado de lavar el dinero de alguno de los mayores narcos de la Argentina, se convirtió, con el correr de los años, en uno de los mayores enigmas del mundo del delito y la Justicia penal en la Argentina.
Ocurrió el 28 de octubre de 2019, cuando un comando de sicarios perfectamente cronometrado lo mató en Quilmes mientras viajaba en plena noche con su Audi A4, a pocas cuadras del edificio de la Municipalidad local. El financista llevaba su pistola Glock, que nunca disparó.
Poco después, se supo que Guastini se había convertido en un informante de la PROCUNAR, el área de la Procuración dedicada a investigar delitos narco, lo que alimentó el misterio de su muerte. Así, ayudó con sus declaraciones a encarcelar a sus propios clientes, como el clan Loza y Carlos Atachahua. Guastini, irónicamente, se negaba a moverse con custodia oficial, por miedo a espantar a sus clientes.
Su muerte sigue impune hasta hoy. La investigación al respecto quedó estancada, sin avances significativos. Sin embargo, la semana pasada, la historia de Guastni dio un giro inesperado. El financista colaboró con la Justicia una vez más, en cierta forma. De acuerdo a una decisión del Tribunal en lo Penal Economíco N°1, el dinero del remate de sus bienes ayudará a la Procuración a adquirir nuevas tecnologías para investigar delitos financieros. En particular, desfalcos cripto, con la adquisición del software forense Chainalysis.
Un mes antes de ser asesinado, Guastini había firmado un juicio abreviado junto a otros nueve imputados en el Tribunal Nº 1. La pena fue llamativa para muchos: tres años en suspenso. El delito del que lo acusaron: ser el jefe de una asociación ilícita para el contrabando de divisas agravado; el juicio abreviado sintetizó más de diez causas que había tramitado desde 2014. Según la acusación, el financista encabezó un esquema dedicado a exportar mulas con dinero hacia Europa, con más de tres millones de dólares.
Así, se ordenaron los decomisos y posteriores remates de cuatro departamentos en el edificio de la calle Florida al 520, cuyo titular era la firma Maxsil SRL, cuya quiebra fue decretada dos meses antes del asesinato de Guastini. Entre estos departamentos rematados se encontraba, por ejemplo, la propia cueva de Guastini, la oficina 108.
Tres días antes del crimen, el Tribunal N°1 había decidido incautar una pequeña fortuna: 569 mil euros y 890 mil dólares, que terminaron en cuentas de la Corte Suprema. En abril de 2023, “se resolvió decomisar 13 bienes inmuebles, por resultar producto o provecho de los delitos” de Guastini y otro de los imputados, entre ellos varias oficinas en otro edificio de la calle Florida y un lote en un country de Pinamar, que quedaron en manos de la AAABE.
En el fallo, la jueza Sabrina Namer decidió destinar “U$S 350.000 al Ministerio Público Fiscal y la Oficina de Recupero de Activos, para la adquisición de recursos concretos como la obtención de licencia/s de herramienta Chainalysis de análisis de trazabilidad de operaciones con criptoactivos”, asevera el documento. El dinero, en este caso, provendrá de las subastas de los bienes incautados. Otros 150 mil dólares serán destinados a una asociación dedicada a la lucha contra la adicción a las drogas.
La idea de emplear el dinero en el software de rastreo de blockchain, producido por la empresa del mismo nombre, provino de María Fernanda Bergalli, representante de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos, o SIFRAI, que depende del MPF.
Bergalli, que presentó un presupuesto del representante local de Chainalysis, aseveró que “tenían muchos casos de rastreos de criptoactivos que se utilizan en la actualidad en todos los casos de criminalidad compleja y no tenían ninguna herramienta con la cual poder hacer trazabilidad”. “Mencionó que tuvieron una persona en la División de Recupero, un mes haciendo un trabajo que se hace en una hora con una licencia de Chainalysis que cuesta 25 mil dólares y el Ministerio Público no puede cubrir», continuó Namer.
