Figuraba como desaparecida hace años por la dictadura de Chile pero está viva y reside en Argentina

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Bernarda Vera Contardo, de joven y en la actualidad

El Poder Judicial de Chile confirmó en las últimas horas que Bernarda Vera Contardo, registrada durante décadas como una de las detenidas desaparecidas de la dictadura militar de Augusto Pinochet, está viva y actualmente reside en Argentina.

Un estudio genético, realizado tras casi diez meses de investigación, permitió identificar a la mujer con una probabilidad superior al 99,9999 %, según comunicó oficialmente el Poder Judicial. El caso tomó trascendencia pública, luego de que una investigación periodística revelara el paradero de Vera en la ciudad bonaerense de Miramar.

El ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa Latorre, se reunió con los familiares de Vera Contardo para informarles personalmente el resultado del informe pericial. Mesa Latorre aclaró que el informe genético mantiene carácter reservado y solo puede ser compartido con el núcleo familiar directo, en cumplimiento de las normativas establecidas por el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos del Servicio Médico Legal.

La historia de Bernarda Vera Contardo está directamente vinculada con uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Chile. Vera Contardo fue militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y ejercía como profesora en la escuela de Puerto Fuy, en el sur del país. Fue arrestada en octubre de 1973, a los 27 años, tras ser acusada de participar en un asalto a un retén policial en Neltume, cerca de la frontera con Argentina. El informe de la Comisión Verdad y Reconciliación (Rettig), elaborado en 1991, incluyó su caso entre los de desaparición forzada, indicando que se presumía su ejecución en el puente Villarrica sobre el río Toltén, en la región de La Araucanía.

Bernarda Vera vive en Miramar

El caso experimentó un giro en septiembre de 2025, cuando la cadena Chilevisión difundió un reportaje en el que una cronista localizó a una mujer cuya identidad coincidía con la de Vera Contardo residiendo en Miramar. El hallazgo se produjo en el marco del Plan Nacional de Búsqueda (PNB), una política pública establecida por el gobierno de Gabriel Boric para esclarecer el destino de más de un millar de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura.

En ese contexto, el gobierno instruyó la apertura de una nueva investigación judicial y delegó en la justicia la tarea de validar científicamente la identidad de la mujer. La causa quedó radicada en el Primer Juzgado del Crimen de Temuco, en la región de La Araucanía. El informe televisivo de septiembre de 2025 había señalado que “en algunos casos, muy excepcionales, este proceso ha revelado incongruencias con las conclusiones de las Comisiones de Verdad”. El caso de Vera Contardo fue presentado como un ejemplo de estas excepciones, ya que testigos aseguraban haberla visto fuera de Chile después de la fecha en la que se había establecido su desaparición.

La confirmación científica de la identidad de Vera Contardo no solo reconfigura la historia de una persona incluida durante más de cinco décadas en los listados oficiales de desaparecidos, sino que también evidencia la complejidad de los procesos de reconstrucción de la memoria histórica. El Plan Nacional de Búsqueda, lanzado en 2023 bajo la presidencia de Gabriel Boric, fue considerado una de las iniciativas más significativas en materia de búsqueda de la verdad y memoria.

Bernarda Vera fue militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y ejercía como profesora en la escuela de Puerto Fuy, en el sur del país

La administración de José Antonio Kast, actual presidente de Chile, anunció la continuidad del programa, aunque redujo su presupuesto en aproximadamente un millón de dólares, medida que generó inquietud entre familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos.

El régimen militar encabezado por Augusto Pinochet entre 1973 y 1990 dejó más de 40.000 víctimas entre ejecutados, detenidos desaparecidos, presos políticos y torturados, de acuerdo con cifras oficiales. Más de 3.200 opositores murieron a manos de agentes estatales.