Los abogados de Hernán Boveri y Delfina Lanusse solicitaron a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que anule el procesamiento y el embargo de $70.929.520 dictados el 10 de abril en el marco de la causa por la presunta sustracción de propofol del Hospital Italiano para uso personal.
Sus escritos fueron presentados a la Justicia luego de que la fiscalía general acompañara la decisión dispuesta previamente por el juez Javier Sánchez Sarmiento. En su presentación, el fiscal Ricardo Sáenz alegó que existen pruebas suficientes para sostener que ambos abusaron de su rol de médicos para llevarse drogas y otros insumos hospitalarios.
Las defensas, sin embargo, sostienen lo contrario: dicen que no hay elementos directos para plantear la acusación ni faltantes comprobados. Así, pidieron que se declare la falta de mérito y que el proceso continúe, pero sin acusación formal hasta que surjan pruebas suficientes.
Subsidiariamente solicitaron que, si la Cámara no revoca la medida, se reduzca el monto del embargo a una cifra razonable y justificada en la prueba concreta reunida en el expediente. Actualmente, el número dispuesto es de $70.000.000.
Los argumentos de la defensa de Boveri
Matías Cúneo Libarona y Rocío Maldonado, abogados de Boveri, criticaron la resolución que dispuso su procesamiento. Según ellos, la decisión del juzgado se apoya en testimonios indirectos y “percepciones personales” que no describen un hecho delictivo concreto.
La defensa subrayó que ninguno de los testigos presenció una conducta ilegal por parte de Boveri y que todos los relatos parten de lo que diferentes médicos aseguraron que Delfina Lanusse había dicho antes de ser imputada. A su vez subrayan que Lanusse negó ante la Justicia haber realizado o relatado las conductas que se le atribuyen.
Además, según la defensa, la figura penal de “defraudación por administración fraudulenta” exige un perjuicio económico real y verificable. En este contexto, remarcan que en el expediente consta que el Hospital Italiano “informó la ausencia de diferencias de stock y de incongruencias en los registros de descarte”.
Para los abogados de Boveri, afirmar que hay un daño pero a la vez no poder medirlo “es una contradicción lógica”. Por eso sostienen que el procesamiento carece de base porque “los propios instrumentos del hospital… no muestran el resultado que el fallo da por ocurrido”.
Otro punto que destaca la defensa es la diferencia entre administrar patrimonio ajeno y utilizar insumos como parte de la práctica médica. Boveri, aseguran sus abogados, era médico anestesiólogo, pero no administraba las existencias del hospital. “Era un profesional médico que utilizaba propofol como parte de su práctica anestesiológica”, plantearon. Según expertos citados, solo quien tiene poder real de disposición sobre el patrimonio puede ser considerado administrador en los términos del delito.
Para la defensa, confundir el uso técnico del medicamento con la administración de stock “es el error central del fallo”. La especialización médica, afirman, aleja al profesional de las tareas administrativas, por lo que no correspondería aplicar la figura penal de administración fraudulenta.
El embargo millonario
Los abogados de Boveri también cuestionan que se le atribuya intención de perjudicar al hospital cuando “la modalidad del hecho es desconocida”. Argumentan que si no se sabe cómo, cuándo ni cuánto faltó, tampoco se puede afirmar que hubo una conducta dolosa.
Por último, critican el embargo decretado sobre los bienes de Boveri, de $70.929.520. La defensa afirma que el monto “no responde a ninguna estimación fundada” y que en el expediente consta que el hospital no reclamó indemnización, y no se acreditó ningún daño.
La defensa de Lanusse
La abogada Claudia Patricia Balbín expuso los argumentos de Delfina Lanusse. El planteo es similar: dice que no existen pruebas directas de sustracción, ni registros de stock alterados, ni testigos que la involucren en hechos ilícitos.
En el expediente se destaca que el propio Hospital Italiano y los responsables de farmacia “no detectaron faltantes, no se verificaron diferencias de stock, no se encontraron incongruencias en los registros de descarte y no existieron reportes de irregularidades atribuibles a Lanusse”.
Según la defensa, el procesamiento “afirma la existencia de una defraudación sin perjuicio, una sustracción sin faltantes y una maniobra sostenida en el tiempo sin un solo reporte”.
Resaltan que, después del procesamiento, el juzgado pidió acelerar el análisis de información extraída de dispositivos electrónicos, lo que demuestra -para ellos- que la decisión se tomó antes de contar con todas las pruebas.
Entre las pruebas ofrecidas tras el procesamiento, destacan las declaraciones de médicos anestesiólogos y cirujanos que compartieron quirófano con Lanusse. Todos coincidieron en que nunca observaron conductas irregulares y que la residente actuó de forma correcta.
Finalmente, la defensa remarca que quienes pudieron presenciar una sustracción “no vieron nada” y que los circuitos de control del hospital funcionaban correctamente: el sistema de farmacia contaba con acceso restringido, cámaras, registros e inventarios, y hubo antecedentes de detección de irregularidades que sí fueron reportadas en otros casos, alegan.
Críticas a la hipótesis de la fiscalía
El análisis expuesto por la defensa señala que la imputación contra Lanusse “no identifica un hecho puntual, una fecha determinada, una cirugía específica, una cantidad sustraída, un registro adulterado, un sobrante no devuelto ni un mecanismo preciso de ejecución”.
Sobre el rol de “Fini”, su abogada objetó que se le atribuya participación secundaria sin precisar cuál habría sido ese aporte concreto. El propio fallo, señalan, reconoce su condición de residente, bajo supervisión y sin posición jerárquica para administrar patrimonio. Y agregan, incluso si se considerara una maniobra, la calificación jurídica más adecuada sería la de hurto simple, no la administración fraudulenta.
