La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno nacional inició el proceso de «desmantelamiento total« de la Unidad Turística Chapadmalal, complejo perteneciente a la localidad del partido de General Pueyrredón, emplazada a unos 25 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata.
La medida se conoció tras la filtración de una resolución de la Jefatura de Gabinete y, según el gremio, pasarían a disponibilidad a casi 60 trabajadores por orden de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, de quien hoy dependen los complejos turísticos sociales.
Según publicó el medio 0223, la resolución del Ejecutivo dispone el cese de funciones de la unidad turística y alcanza a personal de planta permanente y contratados. De esta forma, los trabajadores esperaban la oficialización de 58 desvinculaciones: 47 empleados de planta y 11 contratados, aunque hasta el momento no recibieron telegramas ni una notificación formal.
El pase a disponibilidad obliga a los empleados a buscar reubicación en otras dependencias del Estado. Si no consiguen una nueva asignación en un plazo de entre seis meses y un año, según la antigüedad, pierden el trabajo.
Ezequiel Navarro, secretario general adjunto de ATE Mar del Plata, a la radio local Extra FM 102.1, sostuvo que el mecanismo ya se aplicó en otras áreas: “Después de un año” el empleado queda sin puesto. “Van a ser despedidos”, afirmó.
Según la ATE, estas eventuales desvinculaciones derivarían en el cierre del complejo creado para fomentar el turismo social. El sindicato relacionó la medida con un “gran negocio inmobiliario”, según afirmó Navarro. Por otro lado, el gremio anunció una asamblea de trabajadores para definir medidas y acciones de visibilización contra la decisión oficial.
Poco más de un mes atrás, Florencia Marco Ruiz, delegada de ATE Chapadmalal y representante de parte de los trabajadores, habló en Radio Brisas y dijo que recibieron “un acta para que en 10 días dejemos las viviendas y nos tratan de intrusos. Nos afecta a más de 30 familias que hace más de 20 años vivimos en estos pabellones que son cedidos por nuestro empleador”.
Por su parte, Navarro dijo que estas medidas son “el fin del turismo social”. Y agregó: “Preveíamos que no iban a tener el más mínimo interés en los hoteles de Chapadmalal. Fueron creados para el turismo social y para este gobierno el turismo social es un término que nunca contemplaron”, afirmó en la emisora costera.
Según ATE, en el complejo había cinco hoteles operativos y el personal continuaba con tareas de mantenimiento, aunque durante la última temporada no hubo actividad turística por decisión del Gobierno nacional.
Navarro aseguró que los hoteles estaban disponibles y que no se programaron actividades. “Todo funciona”, indicó -por su parte- Ruiz, como así también detalló que el personal sigue con tareas como el corte de césped y el cuidado general, con una caja chica estatal de $504.000 para gastos como combustible y repuestos.
La transferencia a la AABE y el impacto en Córdoba
El proceso empezó en 2024, cuando el Gobierno transfirió la unidad turística del área de Turismo a la Agencia de Administración de Bienes del Estado con el objetivo de concesionarla. Esto debido a que la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación consideró “innecesarias” esas instalaciones y las derivó al organismo que gestiona inmuebles estatales.
El jefe de Gabinete dio por hecho a fines de marzo que los hoteles se concesionarían por 30 años, aunque sin detallar plazos ni modalidad. Pero no estaba definido si la oferta incluiría cada edificio por separado o el conjunto completo, y que la residencia presidencial del extremo norte del predio quedaría afuera de una eventual privatización.
La última actividad con huéspedes se registró en enero y febrero de 2025, cuando un operador privado ofreció alojamiento con media pensión o pensión completa y la ocupación fue alta; esa experiencia no se repitió en 2026.
Ruiz dijo que la misma situación que atraviesa Chapadmalal alcanzaría también al complejo ubicado en Embalse Río Tercero, provincia de Córdoba. Según ATE, en la unidad cordobesa hay 44 empleados alcanzados: 14 contratados serían desvinculados y 30 pasarían a disponibilidad.
