Lo que empezó como un control rutinario de la Policía Rural el pasado 21 de mayo en el kilómetro 45 de la ruta provincial 6 de San Vicente, cambió por completo en cuestión de minutos. El camión jaula, proveniente de Coronel Granada (General Pinto), se detuvo a un costado del camino cuando se le indicó que parase. Llevaba 28 vacas que tenían como destino un frigorífico de La Plata, ubicado en Avenida 520 y 214, en Abasto, provincia de Buenos Aires.
Al principio, la documentación presentada por el chofer parecía mostrar que todo estaba en orden; figuraba como parte vendedora una reconocida consignataria de hacienda de la localidad de origen. La burocracia habitual no parecía levantar sospechas. Sin embargo, el ambiente cambió drásticamente cuando uno de los oficiales trepó al camión para verificar el estado de los animales.
El hallazgo cambió todo. En el fondo, aplastada por el resto de los animales, yacía una vaca muerta. Cerca, otra vaca en preñez a término. Pero el horror apenas comenzaba: descubrieron que los demás animales estaban famélicos, cubiertos de terribles heridas (desde cortes a ojos lastimados o el hueco ocular sangrando) y en un estado deplorable. La urgencia activó el protocolo. El equipo se comunicó con el área de Protección y Bienestar Animal del municipio, y tras dar aviso a la Fiscalía, la orden fue secuestrar inmediatamente a todos los animales: las 27 vivas y la muerta para una necropsia. Fue en ese momento cuando el teléfono de la ONG Rescate Equino Cinco Corazones (RECC) sonó para coordinar el rescate de urgencia, una vez más.
Radiografía del horror
Los informes veterinarios realizados después del secuestro confirmaron lo que los efectivos habían advertido al inspeccionar el camión. Las 27 vacas presentaban un cuadro generalizado de desnutrición severa, enfermedades infecciosas como Lengua de Palo y Paratuberculosis, mastitis avanzadas con abundante pus en las ubres y lesiones oculares compatibles con carcinomas.
Muchas de ellas estaban en avanzado estado de preñez. La vaca hallada muerta dentro del camión cursaba un embarazo a término y, según la necropsia, murió como consecuencia de una peritonitis.
Para la abogada de la ONG, Mariana Trebisacce, lo ocurrido expone una responsabilidad que atraviesa toda la cadena comercial. “Hay una imputación a toda la cadena pecuaria. Hay una persona de origen que tuvo a las vacas, que fue el propietario, el responsable, que las dejó llegar a ese estado, que no les brindó atención veterinaria, que dejó que las infecciones y los carcinomas avanzaran y no las alimentó en cantidad y calidad suficiente”, dijo contundente.
En ese contexto, explicó: “Después hay un intermediario, que es el consignatario de hacienda, porque esas vacas se compraron en una feria. Y después está el frigorífico de La Plata, que efectivamente las reclama para faena y consumo, cuando en realidad esas vacas no están en condiciones. Está prohibido faenar para consumo vacas enfermas”.
Todas las patologías que presentan los animales eran tratables. “Pero, claramente, no recibieron ningún tipo de atención por parte de los responsables. Hoy en Rescate Equino Cinco Corazones están siendo atendidas, cumpliendo un plan nutricional para su recuperación y algunas de ellas fueron intervenidas quirúrgicamente. Hay por lo menos tres vacas más en avanzado estado de preñez y muy desnutridas”, remarcó Trebisacce.
Una causa que excede el maltrato animal
El hallazgo dio origen a una causa penal en la justicia bonaerense que, en un primer momento, se centró en la infracción a la Ley 14.346 de maltrato y crueldad animal. Sin embargo, con el avance de la investigación, la querella incorporó delitos vinculados a la salud pública y la seguridad alimentaria.
De acuerdo con la presentación, el estado sanitario de los animales los volvía no aptos para transporte, faena ni consumo humano, en violación de normas del Senasa y del Código Alimentario Argentino.
En ese contexto, la fiscalía ordenó la restitución de los animales al frigorífico antes de contar con la totalidad de los informes veterinarios, por eso, casi de manera adelantada, ordenó la entrega de los animales antes de contar con los informes veterinarios. “Lo que estamos pidiendo es que se suspenda esa medida. No solamente hay un tema de maltrato y crueldad que las convierte en víctimas y merecedoras de protección, sino que además hay delitos relacionados con la salud pública y con la seguridad alimentaria”, sostuvo.
El avance de la investigación incorporó además un conjunto de normas sanitarias y de bienestar animal que, según la querella, habrían sido vulneradas en el traslado y eventual destino de los animales. Entre ellas se encuentra el Decreto 4238/68, que regula la inspección de productos de origen animal y establece la obligación de realizar un control “ante mortem” antes de la faena. Ese mismo decreto dispone, por ejemplo, que los animales con lesiones graves, enfermedades o signos de sufrimiento deben ser derivados a salas de urgencia y que, en esos casos, no pueden ser destinados al consumo.
En la misma línea, el Código Alimentario Argentino prohíbe la faena para consumo de animales enfermos, mientras que la Resolución 1697/2019 del Senasa fija criterios mínimos de bienestar animal durante todas las etapas de la cadena productiva. Esa norma establece que los responsables deben garantizar alimentación adecuada, atención veterinaria inmediata ante enfermedades o heridas y condiciones de aislamiento cuando corresponda. También determina que no son aptos para transporte los animales incapaces de desplazarse por sí mismos, con heridas graves o hembras preñadas en etapas avanzadas de gestación. A ello se suma la Ley 27.233, que asigna a todos los actores de la cadena pecuaria la responsabilidad primaria e ineludible de garantizar la sanidad, inocuidad y calidad de la producción bajo su control.
Una disputa por la faena y el control del sistema
El frigorífico de La Plata que tenía como destino original las 27 vacas reclama su restitución para proceder a la faena, una decisión que abrió el principal conflicto judicial del caso.
Para la querella, esa insistencia resulta difícil de explicar a la luz del estado sanitario de los animales. “Si no hubieran intervenido en ese momento los funcionarios policiales haciendo el control, Zoonosis y la Fiscalía, esas vacas estarían —como escribí en la presentación judicial— en los platos de consumidores desprevenidos”, advirtió la abogada.
Desde la ONG sostienen que el caso expone fallas estructurales en los mecanismos de control sanitario y en el sistema de trazabilidad de la cadena cárnica. “Nosotros decimos que esto es, en realidad, una faena clandestina disfrazada. ¿Por qué? Porque ellos tienen todo en regla. Lo que argumentan es que tienen un DTE, un Documento de Tránsito Electrónico, que en realidad se hace por autogestión online y justamente no hay ningún funcionario ni nadie que controle el estado sanitario real de los animales”, explicó.
En paralelo, la abogada también cuestiona el alcance de los controles oficiales sobre la comercialización de hacienda y las certificaciones sanitarias vigentes. “Es el fraude perfecto, en perjuicio de animales humanos y no humanos”, sostiene en su presentación.
Mientras la Justicia define si se mantiene o se revoca la orden de restitución, las 27 vacas permanecen bajo resguardo de la ONG Rescate Equino Cinco Corazones, donde reciben atención veterinaria, alimentación y tratamiento por las patologías detectadas tras el rescate. “Hoy las vacas están siendo tratadas en sus patologías, alimentadas en cantidad y calidad suficiente, y consideradas con respeto y amor por primera vez en su vida. En todo el proceso productivo nadie vela por el bienestar animal, pero lo que ha puesto en evidencia este caso es que nadie vela tampoco por la salud de los ciudadanos. Un enorme peligro para la salud pública y un fraude hacia los consumidores”, finaliza la abogada.
