El caso de la clínica Santa María de Villa Ballester -donde ocho fetos fueron hallados el sábado pasado en el marco del allanamiento para encontrar a una niña de 12 años embarazada de ocho meses tras una violación intrafamiliar– se encamina a su esclarecimiento con una medida clave.
La UFI N°14 de San Martín, con un expediente a cargo de la fiscal Vanesa Leggio, requirió a la Asesoría Pericial de la Suprema Corte bonaerense que analice los ocho fetos allanados, afirmaron fuentes judiciales a Infobae. En particular, se requirieron las extracciones y estudios de perfiles de ADN. Cinco de estos fetos estaban completamente formados; tres eran poco más que embriones.
El propósito aquí es triple. La fiscal Leggio, con un expediente por averiguación de ilícito en sus manos, primero busca determinar si estos abortos fueron realizados de forma ilícita o en el marco de la Ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo. Una inspección del Ministerio de Salud provincial realizada a la clínica Santa María halló solo infracciones menores; el centro médico continúa abierto.
También, deberá encontrar entre ellos al embarazo que gestó la menor, oriunda de Monte Quemado, una pequeña ciudad de Santiago del Estero, mediante un cotejo de perfiles genéticos. El aborto a la niña, según la historia clínica secuestrada por la Policía Bonaerense, fue practicado. Otros dos procedimientos similares se habían llevado a cabo ese día, de acuerdo al documento.
El magistrado Juan Manuel Culotta, a cargo del Juzgado Federal de Tres de Febrero, investiga la posibilidad de un delito de trata de personas, ante la hipótesis de que -dado el avanzado estado del embarazo- el niño haya nacido vivo, para ser entregado o vendido. Si este niño se encuentra entre los fetos estudiados, entonces, su causa quedará cerrada.
De vuelta en Monte Quemado, el fiscal Santiago Bridoux del MPF santiagueño tiene un claro interés en este estudio también. Si se encuentra entre los fetos al gestado por la niña, entonces, podrá tener acceso al ADN de su violador.
Hay dos prófugos en su causa, iniciada en febrero último luego de la denuncia de un familiar de la niña. El principal sospechoso es un primo de la menor, un jornalero de 27 años que lleva su mismo apellido.
El drama de la víctima y el rol de la fundación
La vulnerabilidad en la situación es clarísima. A la edad de la menor se suma la situación familiar: el único sostén de la niña es su madre, una pensionada de 47 años sin empleo registrado ni cobro de planes sociales. Su pensión sería su único ingreso.
Ambas viven en una zona alejada del área principal de Monte Quemado, pleno campo. Su padre falleció años atrás. “Murió de cáncer”, aseguran vecinos de la familia. La niña, por su parte, se encuentra escolarizada.
De vuelta en el fuero penal de San Martín, las fuentes consultadas no aclararon si planean citar a declarar -sea como testigos o imputados- a representantes de la Fundación CIGESAR, una ONG porteña dedicada al acceso al aborto legal y a la salud reproductiva que intervino en la interrupción del embarazo. Fuentes en la Justicia creen que CIGESAR podría haber pagado los pasajes y la estadía de la menor y su madre, entre otros puntos.
El médico Damián Levy, presidente de CIGESAR, afirmó en un comunicado pegado en el vidrio de la clínica Santa María que el aborto se hizo dentro del marco de la ley. Sin embargo, no explicó en ese comunicado las circunstancias de su aparición en la trama, que sorprendió a la Justicia. El fiscal Bridoux entendía que el aborto sería practicado en La Banda, Santiago del Estero.
La repentina salida de la niña a Buenos Aires motivó el allanamiento realizado por la Superintendencia de Delitos Complejos de la Bonaerense, en una carrera contra el tiempo para asegurar, precisamente, el ADN del violador de la niña dentro del feto, lo que llevó al hallazgo de los ocho fetos y al escándalo posterior.
Hay una posibilidad final, la más escalofriante de todas: que, entre todos estos fetos, no se encuentre el que gestó la menor. Los análisis de la Asesoría Pericial deberán determinarlo.
