El fiscal Federico Iuspa pidió elevar a juicio oral a siete acusados de integrar una banda que extorsionaba a hombres contactados por apps de citas y solicitó además que sus dos presuntos jefes sean juzgados por instigar el suicidio del soldado Rodrigo Gómez.
El requerimiento fue presentado por la Fiscalía Federal N°1 de San Isidro ante el Juzgado Federal N°1 de San Isidro. Según el Ministerio Público Fiscal, la causa vincula la maniobra con la muerte del joven de 21 años ocurrida en diciembre en la Quinta Presidencial de Olivos.
A la banda se le atribuyen tres hechos de extorsión cometidos entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero de este año. Según la acusación, en el caso del soldado Gómez la víctima transfirió $1.413.000 el 15 de diciembre a dos cuentas de Mercado Pago; en un segundo episodio otro hombre envió $15.000 el 26 de diciembre; y una tercera víctima depositó $116.000 entre el 22 y el 28 de ese mes.
La fiscalía sostiene que la organización era liderada por T.M.F., de 23 años, y M.J.D.A., de 25, desde la Unidad N°36 de Magdalena del Servicio Penitenciario Bonaerense. Según el Ministerio Público Fiscal, también integraban la estructura K.M.S.P., de 28 años, luego trasladado a la Unidad N°26 de Lisandro Olmos, junto con I.A.C., de 23, K.Y.C., de 25, E.Y.T., de 36, y C.A.M., de 24.
Para la fiscalía, las cuatro mujeres cumplían funciones logísticas para el funcionamiento del grupo. De acuerdo con el requerimiento, facilitaban cuentas de billeteras virtuales propias o de familiares para canalizar el dinero obtenido y aportaban chips telefónicos usados por los internos para hacer llamados desde las cárceles.
La investigación se inició tras la muerte del soldado en Olivos
La causa comenzó el 16 de diciembre pasado, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Rodrigo Gómez en una garita de la residencia presidencial de Olivos. El soldado, integrante del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, se quitó la vida con su arma reglamentaria y dejó una carta en la que explicó los motivos de su decisión.
A partir del trabajo conjunto entre la fiscalía, el juzgado y la División Homicidios de la Policía Federal Argentina, se reconstruyó la modalidad atribuida a la organización y se identificó a sus presuntos integrantes. En el marco de la causa, se estableció que el grupo creaba perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas para contactar a potenciales víctimas y luego llevar la conversación a WhatsApp.
Según la acusación, después de ese primer contacto, estas recibían un audio de una persona que se presentaba como la madre de la supuesta joven y afirmaba que era menor de edad. Bajo esa excusa, advertía sobre la posibilidad de presentar una denuncia penal.
Luego intervenía otra persona que se hacía pasar por integrante de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, usurpando la identidad de un efectivo real, según la investigación. Por teléfono exigía transferencias de dinero con el argumento de evitar la supuesta denuncia y “ayudar con la situación”.
Asociación ilícita agravada, extorsiones e instigación al suicidio
Por disposición de la jueza Sandra Arroyo Salgado, el 9 de febrero se realizaron siete allanamientos. Tres fueron en unidades penitenciarias y los otros en domicilios del conurbano bonaerense, donde quedaron detenidas las cuatro mujeres investigadas.
Más tarde, la defensa de tres imputadas pidió sus excarcelaciones y el fiscal Iuspa se opuso: argumentó que la gravedad de los hechos, la existencia de múltiples damnificados, el desenlace fatal de una de las víctimas y la posible afectación de intereses federales permitían presumir riesgos procesales. La jueza rechazó el pedido.
En base a las pruebas recolectadas, la fiscalía pidió que T.M.F. y M.J.D.A. sean juzgados por asociación ilícita agravada como jefes y como coautores de tres hechos de extorsión. También requirió que respondan por la instigación a cometer el suicidio de Gómez, que contempla una pena de uno a cuatro años de prisión.
Respecto de K.M.S.P., I.A.C., K.Y.C., E.Y.T. y C.A.M., el fiscal solicitó que sean llevados a juicio como miembros de una asociación ilícita agravada y coautores de los tres hechos de extorsión atribuidos a la organización. “Las conductas desplegadas por la banda de F., evaluadas objetivamente, demuestran claramente el conocimiento sobre la finalidad ilícita de la organización y su pluralidad de integrantes”, destacó Iuspa en el requerimiento.
Iuspa agregó que T.M.F., M.J.D.A. y K.M.S.P. eran “compañeros de encierro, que, a su vez, se servían de la ayuda de sus respectivas parejas y de C.M. para recibir y reconducir el dinero de las extorsiones que obtenían con su accionar ilegal”, de acuerdo con el requerimiento fiscal. También sostuvo: “Estos elementos ponen de manifiesto que los encausados mantenían una relación estable y organizada con fines delictivos, y que actuaban bajo un plan común y previamente diseñado (explicado con lujo de detalles por F.), en el cual alternaban roles pero mantenían inalterable la metodología extorsiva”.
