La existencia de edificios inconclusos o abandonados, plantea un reto relevante para numerosas ciudades argentinas, donde se combina la escasez de vivienda asequible con el impacto social de estas estructuras. En la Ciudad de Buenos Aires se calculan cien construcciones de este tipo y que, en conjunto, podrían transformarse en 28 mil departamentos, con capacidad para unas 114 mil personas.
“Comprar es muy difícil en CABA y en el mundo. Y alquilar también se vuelve complicado, porque el alquiler es caro”, indicó el analista Emmanuel Ferrario en Infobae en Vivo A las Nueve. Agregó que, cuando se suman alquiler y expensas, “estamos hablando de porcentajes muy altos sobre los ingresos”.
Varias ciudades implementaron distintas alternativas para reutilizar edificios abandonados y transformar estos “esqueletos urbanos” en soluciones habitacionales.
Las opciones más comunes incluyen la imposición de multas económicas a propietarios, procesos de expropiación por parte del Estado, reconversión de estructuras para uso social mediante inversión pública y mecanismos de incentivos fiscales o financiamiento para facilitar la reactivación de obras.

Qué son los “esqueletos urbanos”
Ferrario definió los “esqueletos urbanos” como estructuras de edificios que quedaron sin terminar y permanecen vacías o abandonadas. “Ese es el nombre que tienen”, afirmó, al describir un fenómeno que ubicó en distintas ciudades.
Ferrario sostuvo que “en la Ciudad de Buenos Aires se calcula que hay 100 estructuras urbanas, esqueletos urbanos vacíos, que están abandonados”. En su estimación, si se tomaran como referencia departamentos de dos ambientes, la cifra permitiría “28 mil departamentos” y una capacidad cercana a “114 mil personas”.
También aclaró que el abordaje tiene dificultades. “La gran mayoría son privados”, explicó, y advirtió que cada caso requiere un análisis particular por su situación jurídica y técnica.
Por qué quedan abandonados y qué problemas generan en los barrios
Según explicó el analista, las causas habituales que llevan a que una construcción quede paralizada pueden ser quiebras, cambios en la situación económica, conflictos legales y disputas entre socios. También habló de problemas con códigos urbanísticos y de obstáculos técnicos que aparecen cuando una obra queda detenida durante años.
“Se venden desde pozo, entonces la gente paga, la inflación aumenta los costos, no llegan, quiebran”, describió. Sumó que algunos proyectos quedan frenados por temas legales “entre socios” o por conflictos con normativas locales.
Además, indicó que el paso del tiempo empeora la viabilidad de retomar el trabajo. “Cuando están un tiempo parados después es más difícil”, afirmó. En la misma línea, mencionó que un edificio detenido requiere tareas de reacondicionamiento antes de poder completarse.
Sobre el impacto urbano, Ferrario sostuvo que estas estructuras también generan costos para la ciudad y los vecinos. Entre las mayores dificultades se encuentran los problemas de inseguridad, por espacios oscuros que pueden ocuparse, y cuestiones sanitarias por acumulación de agua, basura y presencia de roedores.

En América Latina, destaca el modelo uruguayo: “Uruguay tiene una ley desde el 2018 que expropia estos edificios abandonados, estos esqueletos urbanos”. El plazo de inactividad que define el abandono varía. Mientras en Berlín de tres a seis meses son suficientes; en ciudades latinoamericanas, suele exceder los cinco años.
En tanto, modelos europeos exploran variantes de colaboración público-privada. “Bruselas toma el control del edificio, construye vivienda social, lo hace para vivienda asequible y luego lo que hace es lo alquila y cuando pasa el tiempo y con lo que pagó la gente de alquiler, el Estado recupera, se lo devuelve al privado”, detalló.
Al mismo tiempo, en Alemania, “los ciudadanos se organizan con sindicatos o cooperativas. Toman el edificio y construyen viviendas, siempre es vivienda, porque el Estado les da la autorización para que tomen ese edificio para construir vivienda. Se tienen que quedar ellos viviendo ahí. No pueden vender las unidades”.
Las ciudades, en distintas partes del mundo, ensayan medidas que incluyen multas a propietarios, programas estatales de reconversión, expropiación, incentivos fiscales y líneas de financiamiento respaldadas por el Estado. Estos caminos buscan transformar esqueletos urbanos en oportunidades de vivienda asequible y revitalizar sectores postergados.
Donde el acceso a la vivienda es un desafío central, el aprovechamiento de esqueletos urbanos aparece como un recurso más dentro de un conjunto mayor de políticas orientadas a conseguir ciudades más inclusivas y activas.
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