Un ex legislador de Salta que ya enfrentaba cargos por contrabando agravado y asociación ilícita fue imputado por dos nuevos delitos luego de que intentara, a través de un intermediario, comprar la voluntad de un auxiliar fiscal con dinero en efectivo. La maniobra quedó registrada en una grabación que el propio funcionario judicial obtuvo al concurrir al encuentro con una pequeña grabadora oculta en el bolsillo de su campera. “Hay plata. Mucha plata. Sí, la que vos quieras. ¿Te imaginás?”, se escucha decir al intermediario en uno de los fragmentos reproducidos durante la audiencia.
El acusado es Luis Gerónimo Cisnero, ex diputado provincial de la provincia norteña, quien desde septiembre del año pasado se encontraba bajo proceso penal por una presunta operatoria de contrabando de granos a gran escala.
Lejos de mantenerse al margen del expediente que lo tenía como investigado, Cisnero habría diseñado una estrategia para acercarse a un integrante del Ministerio Público Fiscal (MPF) con vínculos en su causa y torcer el rumbo del proceso antes de una audiencia determinante prevista para el 23 de junio, fecha en la que vence el plazo de investigación y la fiscalía debe formalizar la acusación penal.
La Sede Fiscal Descentralizada Tartagal y la Fiscalía de Distrito de Salta ampliaron la imputación contra el exlegislador por los delitos de cohecho agravado y tenencia ilegítima de arma de fuego. La audiencia de formalización se realizó ante la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Soledad Hernández, quien calificó el episodio como un hecho de «inusitada gravedad institucional» —expresión que también emplearon los fiscales intervinientes— y dispuso la prisión preventiva de Cisnero por 60 días, con lo que dejó sin efecto la libertad bajo caución real de 500 millones de pesos que le había sido concedida en diciembre pasado.
La maniobra para llegar al auxiliar fiscal no fue un acercamiento improvisado. Según expuso en la audiencia la fiscal federal Lucía Orsetti, titular de la sede de Tartagal y a cargo de la investigación principal, Cisnero conocía al funcionario porque este había intervenido en una audiencia de su causa el 23 de diciembre pasado. A partir de ese momento, mientras gozaba de libertad, el exdiputado buscó contactarlo mediante vínculos personales y familiares. En una primera instancia recurrieron a una persona amiga de la familia del auxiliar fiscal, pero la falta de trato frecuente hizo que el funcionario no respondiera a los insistentes llamados. Fue entonces cuando el intermediario identificado como J.M.A. logró llegar a un amigo personal del auxiliar fiscal, a quien convenció de llamarlo por teléfono para concertar un encuentro, sin revelar el verdadero motivo.
La secuencia culminó el sábado previo a la audiencia, cuando J.M.A. interceptó al funcionario a la salida de un gimnasio de General Mosconi y lo invitó a conversar dentro de una camioneta Toyota. El auxiliar fiscal, prevenido ante la situación, llegó con una grabadora oculta. Allí, el intermediario le dijo que hablaba en nombre del ex legislador y le ofreció dinero para que influyera en su favor antes del 23 de junio. “Él dice que está dispuesto a poner guita”, afirmó J.M.A. según los audios reproducidos en la audiencia por el MPF. Y agregó, en alusión directa a la funcionaria a cargo del caso: “Me dijo que la que corta el queso es la fiscal. Y si él quiere, que él hable con la jueza, yo pongo guita”.
Los fragmentos también revelaron referencias a supuestos pagos anteriores: “Él ha pagado 15.000 dólares de garantía. Ya ha puesto los 15.000 dólares. Pero si no le entregan en 5 o 6 meses, tiene que seguir pagando los 15.000, la garantía». Para el MPF, el episodio evidenció el intento de ambos acusados de abrir un canal de influencia dentro del sistema judicial. El fiscal general con funciones de coordinación en el Distrito Salta, Eduardo Villalba, y la fiscal Orsetti sostuvieron en la audiencia que el caso reviste una gravedad que no podía ser contenida con las medidas restrictivas vigentes.
La jueza Hernández coincidió con esa valoración. Al resolver los pedidos, ponderó el riesgo de fuga y, de manera particular, el argumento del MPF sobre el entorpecimiento procesal, que a su criterio no había podido ser neutralizado con la caución real ni con la libertad concedida meses atrás. Rechazó los planteos de las defensas para limitar el análisis de los dispositivos secuestrados y extendió la prisión preventiva de 60 días también a J.M.A., a quien se imputó por cohecho agravado en concurso real con asociación ilícita en calidad de miembro.
Los allanamientos realizados el martes previo a la audiencia abarcaron cinco inmuebles: dos en Campamento Vespucio —la vivienda de J.M.A. y su local comercial—, uno en la calle Gorriti de Tartagal y otros dos en el barrio privado Green House de General Mosconi, en domicilios vinculados al exlegislador y a uno de sus hijos. El avalúo preliminar de los bienes incautados asciende a 584.603.895 pesos.
Entre los objetos secuestrados en la vivienda de Cisnero en Green House figuran un automóvil Mini Cooper Countryman, un Volkswagen T-Cross y una camioneta VW Amarok, además de tres teléfonos celulares, dos notebooks, cámaras fotográficas y de video, tres pasaportes, una pistola calibre .22 con cargador y municiones, y documentación diversa. En efectivo se hallaron 36.917.700 pesos, 84.390 dólares y 500 euros. Entre las joyas se incautaron 24 cadenas doradas, 19 anillos, 11 pulseras, una barra de oro fino de 24 quilates y dos monedas bitcoin de oro, entre otros objetos de valor.
En el inmueble de la calle Gorriti, vinculado a un hijo del exlegislador, se incautaron 48.000 dólares, 374.500 pesos, moneda extranjera boliviana y mexicana, soportes digitales y una notebook. En otro domicilio del mismo barrio privado, también asociado a un hijo de Cisnero, se secuestraron una camioneta Toyota Hilux, dos motocicletas KTM, un sistema de cámaras de seguridad, cuatro celulares y documentación variada. La investigación principal, en la que hay otras cinco personas imputadas además de Cisnero, tiene como próxima instancia la audiencia de Control de la Acusación prevista para el 23 de junio, paso previo a una eventual elevación del caso a juicio oral y público.
